Las señales actuales de la diplomacia boliviana en su relación con Chile: ¿Un acercamiento a la real politik?

Cuando en enero del 2010 habíamos comentado en una columna anterior que nuestra Cancillería actual iba a tener que enfrentar un complejo escenario en sus relaciones bilaterales con Bolivia, era porque ya habíamos advertido que nuestras Cancillerías anteriores distaron mucho de trabajar una "diplomacia preventiva" con el gobierno de Evo Morales. La falta de realismo con que se manejó la aspiración marítima boliviana ha condensado durante la administración de Piñera. Tarde o temprano ocurriría esto último.

Hace ya unos días atrás, se ha configurado una áspera relación entre los gobiernos de Santiago y La Paz a propósito de la detención de catorce militares bolivianos en territorio fronterizo, los cuales fueron interceptados a bordo de dos vehículos con patente chilena y que transportaban armamento de guerra. Según las declaraciones del gobierno boliviano, los militares abordaban estos vehículos ya que "fueron confiscados a contrabandistas bolivianos". El gobierno chileno finalmente optó por devolver a estos efectivos a su país de origen. Luego, el gobierno de Morales -a través de su Ministra de Defensa, Cecilia Chacón- acusaba a las autoridades chilenas de que sus efectivos militares durante el proceso de detención "recibieron un trato inhumano". Chile desestimó estas acusaciones y Evo Morales hace unos días, condecoró y ascendió a los catorce militares detenidos en Chile, lo que fue interpretado por parlamentarios nacionales de diversas bancadas como una "provocación". Con este panorama, las relaciones chileno-bolivianas sufren un revés que probablemente repercutirá la agenda de trece puntos y por ende, en la precariedad con las que ya se abordaban las relaciones bilaterales con el país altiplánico.

Sin embargo, debemos hacer una lectura de este incidente que obedece al trasfondo del problema, al cual tampoco se le ha prestado atención, ya que las energías de las autoridades y de los parlamentarios chilenos que acusan esta "provocación", se están centrando más en el problema de forma que en el de fondo. Hace unos días atrás, cuando el Vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde manifestaba que "posiblemente los efectivos hayan traspasado la frontera donde no hay claridad en los límites fronterizos" se está dejando claro que el incidente tiene un trasfondo que tiene que ver con la posibilidad de instalar una demanda internacional contra Chile al no existir precisamente una "claridad" -bajo la lógica de Bolivia- en este aspecto; sumando por supuesto, la tradicional aspiración marítima. En todo caso, en una columna anterior escrita en enero de este año, también ya habíamos tratado esa posibilidad en vista de lo que propone la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana.

Lo cierto es que desde La Paz se han enviado durante el año en curso una serie de señales que apuntan a endurecer o plantear una postura más confrontacional en la relación con Chile. Una de esas señales concretas fue la asignación como Cónsul boliviano al General (R) Ramiro de La Fuente, quien fue ex Comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas. Otra señal interesante, fue nombrar a Rubén Defensa, quien ostentó el cargo de Ministro de Defensa y quien actualmente es el responsable de la "Dirección de Reivindicación Marítima", órgano de la Cancillería boliviana responsable de coordinar el trabajo jurídico en torno a esa aspiración. Por otro lado, llama la atención que en las últimas semanas, el discurso de Morales -cada vez que se trata la reivindicación marítima- sea dentro de un entorno castrense. Tampoco podemos olvidar que en abril de este año, Morales le hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas a "profundizar estudios sobre los tratados, límites y paralelos con Chile para contribuir a la estrategia de la demanda marítima boliviana". En definitiva, Morales apunta a que los organismos castrenses de ese país asuman un papel que hasta hace poco no tenían: contar con presencia -en servicio activo o no- en importantes cargos diplomáticos en la relación con Chile por un lado, y por otro, que asuman una contribución institucional en lo que se refiere a gestar una eventual demanda ante tribunales internacionales. Esa es la señal de fondo que la clase política chilena debiera tomar en cuenta. Sería un error gastar esfuerzos en responder a la condecoración de los militares bolivianos, cuando hay señales mucho más serias que son el trasfondo de este problema.

Ante esto, ya difícilmente la Cancillería chilena pueda tomar un papel de diplomacia preventiva. Sin ninguna duda, la actual administración del Edificio Carrera tendrá que hacer frente a un complejo escenario que -para bien o para mal- heredó tras años de negociaciones infructuosas. El costo de asumir un discurso más realista por parte de la administración de Piñera, repercutió en lo que de alguna forma todos sabíamos, pero que nadie quería asumir: el endurecimiento no solo en el discurso de Morales, sino que en toda una transformación en la forma de enfrentar la aspiración marítima, donde se hace responsable al aparataje estatal, a instituciones universitarias, organizaciones sociales y al estamento militar. En suma, todo esto ha hecho que la diplomacia actual de Morales sea mucho más ligada a lo que durante el siglo XX conocimos como la real politik, la política en su dimensión más pura y dura basada en los intereses nacionales que en lugar de seguir principios éticos. De ahí que sea entendible el contínuo acercamiento de Morales a los estamentos castrenses.

Creemos que la inminencia de una segunda demanda ante tribunales internacionales es sólo cuestión de tiempo. Al menos desde La Paz se tiene toda la voluntad de esgrimir un caso judicial. Lo interesante de todo esto, es que quizás el tiempo que se demore en hacer pública la demanda en contra de Chile sea más corto del que se piensa, debido a que -a diferencia de la administración saliente de Alan García en Perú- Ollanta Humala ha reconocido "no ser un obstáculo" para la reivindicación marítima ya que "entiende" que la solución más probable, es dar una salida a Bolivia por el norte de Arica. Algo así no se manejó con tanto realismo durante la administración de García, lo que puede ser el resultado de que el anuncio de hacer pública la puesta en marcha de una nueva demanda ante tribunales internacionales por parte de Bolivia, no será necesariamente hasta que se dé solución al litigio marítimo entre Chile y Perú, puede ser perfectamente antes y de hecho, creemos que es el escenario más probable.

Así las cosas, habrá que mirar con atención cómo siga evolucionando este impasse, que ya arrastra una seguidilla de declaraciones de autoridades chilenas y bolivianas. Al menos así se ha (mal) entendido este problema, pero no olvidemos qué señales hay detrás de esas declaraciones. Eso debe ser observado con atención en la Cancillería chilena, ya que en la política internacional no solo importan los hechos, también las señales y percepciones que hay detrás.

La muerte de Bin Laden y el futuro de Al Qaeda

Después de diez años de búsqueda, finalmente Estados Unidos logró abatir al terrorista más buscado de todos los tiempos y acusado de ser el responsable -al menos logísticamente hablando- de haber perpetrado el mayor ataque en suelo estadounidense. Evidentemente, esto trae consigo un enorme costo humano, económico y material para el gigante del norte, pero sin duda, la satisfacción política y militar después de un arduo trabajo de inteligencia -y que muchas veces también se vio opacado con numerosas bajas en sus agentes- parece justificar todos los medios empleados. Una visión bastante cercana a la real politik.

Se pueden sacar varias lecturas e interpretaciones de este hecho. Para algunos, el fin de Bin Laden puede ser el sinónimo del fin de Al Qaeda, en la medida que el movimiento terrorista perdería un importante soporte logístico que le permita emplear las operaciones de hostigamiento a las fuerzas occidentales asentadas en los principales frentes de batalla en Medio Oriente, donde Irak y Afganistán serían dos ejemplos claros. Pero para otros más escépticos, el fin del hasta hace poco, líder de Al Qaeda no representa en lo inmediato un fin de lo que conocemos como "la guerra contra el terrorismo". Esto es lógico si consideramos que la muerte de Osama Bin Laden, nuevamente viene a generar un efecto "martirizador" en la Jihad islámica, generando una legitimación de los aspectos motivacionales de lucha contra las ocupaciones occidentales. Decimos "nuevamente", porque un fenómeno similar se vio el 2006 con la captura y ejecución de Saddam Hussein. La muerte del ex Presidente de Irak también generó esa imagen de mártir, que en no pocas ocasiones alimentó las motivaciones de los movimientos ligados a Al Qaeda en el país que eran responsables de los ataques con coches bomba principalmente a los convoyes estadounidenses. Si bien la muerte de Bin Laden representa una victoria militar para Estados Unidos, no representa necesariamente una derrota para Al Qaeda, ya que como hemos mencionado, esto podría generar las bases para legitimar o más bien "re-legitimar" su convicción de lucha. En otras palabras, lo que Estados Unidos interpreta como una victoria militar, Al Qaeda y sus movimientos afines lo interpretarán como una victoria política.

La muerte de Bin Laden también va a evidenciar desde ahora cuáles son y serán las reales capacidades operativas de Al Qaeda. El nuevo líder de este movimiento será Aymán Al-Zawahiri, el médico egipcio que hasta hace poco era el segundo hombre más buscado de Al Qaeda, sólo siendo superado por el mismo Osama. Al-Zawahiri, de una postura tan radical como Bin Laden fue el que ordenó, organizó y planificó una serie de atentados, el primero de ellos siendo ejecutado con éxito en 1981 y que le dio muerte al Presidente egipcio de aquel entonces, Anwar El-Sadat.

La nueva figura del líder de Al Qaeda, será el responsable de reordenar y planificar los nuevos ataques del movimiento terrorista, algo que no debería costar mucho teniendo en cuenta la vasta experiencia de Al-Zawahiri en lo que a atentados se refiere. En otras palabras, lo que está sucediendo con Al Qaeda, podemos calificarlo como el cierre de un ciclo, pero en ningún caso, se refiere al fin del terrorismo. La eliminación de este fenómeno, no sólo requiere de una respuesta militar. Así como el mismo terrorismo es un fenómeno multidimensional, la campaña en su contra debe aplicarse con la misma lógica.

Para algunos, son varios los elementos del poder nacional los que deben utilizarse para hostigar y derrotar al terrorismo, como por ejemplo, la diplomacia, las sanciones económicas o la inteligencia. En palabras de Paul Pillar -un veterano con 28 años de servicio en la CIA y actual Profesor en la Universidad de Georgetown en estudios sobre temas de seguridad- diría que "cada herramienta que se usa en la lucha contra el terrorismo tiene algo que contribuir, pero también tiene límites importantes en lo que se puede lograr. Por lo tanto, el antiterrorismo, requiere usar todas las herramientas disponibles, porque ninguna de ellas sola puede realizar la tarea".

Nuevamente queremos reafirmar que la muerte de Bin Laden en ningún caso podría interpretarse como el fin de Al Qaeda, sólo podemos interpretarlo como el cierre de un ciclo, como la imagen de un líder que se mantuvo durante buen tiempo en la agenda de los servicios de inteligencia, pero que su importancia ya no es prioritaria ya que otros vendrán en el futuro cercano. No sólo podría ser Aymán Al Zawahiri -que ya ostenta la figura de líder de Al Qaeda- sino que eventualmente puede ser Anwar Al-Awlaki -el clérigo yemení que llamó a "matar estadounidenses" en Yemen y el resto de los países de la región- o bien, pueden ser muchos más que se reclutarán con el tiempo. Derrotar al terrorismo de Al Qaeda será un trabajo arduo -para algunos imposible en el futuro inmediato- ya que las fuentes de financiamiento que tienen estos grupos son casi imposibles de monitorear debido a su complejidad, diversidad y alcance.

Estados Unidos tendrá que adoptar una posición defensiva desde ahora. Si por diez años se mantuvo en una constante ofensiva en Medio Oriente, no sabemos concretamente por cuánto tiempo ahora tendrá que replegarse para evitar ataques no sólo en su territorio, sino que contra cualquier objetivo estadounidense en los países árabes. Habría que preguntarse qué giro podría tomar ahora la lucha contra el terrorismo. Ahora que terminó un fin casi moral para dar con la muerte o captura de Bin Laden, ¿qué medidas tomará Estados Unidos para hostigar a Al Qaeda? ¿se le dará mayor énfasis a la inteligencia y menor énfasis al componente militar o quizás se mantendrá una política militar ofensiva contra el movimiento terrorista en los países del Medio Oriente?. Si ahora Aymán Al-Zawahiri pasó a ser el líder de Al Qaeda, ¿habrá que esperar hasta que se le dé la baja a él?.

Al parecer, la muerte de Bin Laden, nos deja más preguntas que respuestas, porque lo único que está claro, es que con lo acontecido podemos entender que Bin Laden sólo era una imagen, un vocero del terrorismo global. Si bien Bin Laden era una figura importante para Al Qaeda, no era el movimiento mismo, ya que la motivación de lucha está en cimientos políticos, sociales y religiosos, algo que sin duda, trasciende las fronteras, pero también las personas.

Elecciones presidenciales en Perú y las tendencias de los balotajes

El próximo 5 junio se desarrollará en Perú el balotaje que determinará cuál de los dos candidatos presidenciales -Ollanta Humala representando al conglomerado Gana Perú o Keiko Fujimori, representando a Fuerza 2011- se quedará con la primera magistratura del país del Rímac.

Las elecciones en Perú al menos desde la década de los noventa ha presentado una tendencia muy interesante de revisar desde el punto de vista del comportamiento electoral. Anteriormente ya habíamos tratado este tema en otra columna, cuando mencionábamos algunos puntos interesantes respecto a los balotajes en algunos países de América Latina en el marco de la eventual elección de Dilma Rousseff en Brasil.

Sucede que en el caso peruano, en resumidas cuentas, la hipótesis que planteamos en aquella ocasión es que -basándonos en las últimas elecciones presidenciales peruanas- el candidato que pasa en la segunda preferencia al balotaje, termina siendo electo en este proceso. No son pocos los casos donde podemos afirmar esto último. En la elección del noventa entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, el primero pasaba al balotaje con la segunda preferencia capitalizando un poco menos del 25% de las preferencias mientras que el escritor peruano se presentaba como el favorito con el 27,61% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta fue Fujimori quien se impuso a pesar de presentarse en la segunda preferencia.

El mismo fenómeno se presentó para las elecciones del 2006, cuando pasaron a segunda vuelta el abanderado del APRA -y hasta el momento actual Presidente del Perú- Alan García y el candidato por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala. Recordemos que en aquella ocasión, Humala se posicionaba en la primera preferencia concentrando el 30,6% de los votos, mientras que García estaba en la segunda preferencia con el 24,3% de las preferencias. Para la segunda vuelta, sucedió lo mismo: el candidato de la segunda preferencia se impuso en el proceso.

Actualmente, si hacemos una breve lectura del escenario electoral de la primera vuelta, -desarrollada el pasado 10 de abril- observaremos que Ollanta Humala nuevamente se presenta como el favorito con el 31,6% de los votos, mientras que Keiko Fujimori obtiene un 21,4% de las preferencias. Si se mantiene esta tendencia que casi uniformemente se ha presentado en las últimas elecciones presidenciales peruanas, es Keiko Fujimori quién debería salir electa el próximo 5 de junio.

Los motivos que pueden explicar este interesante fenómeno electoral son varios, algunos con un trasfondo estructural y otros con un trasfondo coyuntural. Dentro de los estructurales, podemos mencionar como el más importante la alta volatilidad electoral, la cual surge como consecuencia del "abanico" de candidatos que tienden a presentarse en la primera vuelta. Basta con recordar que en la primera vuelta se presentaron trece candidatos -según la información que estaba hasta enero de este año-.

Esto genera una confusión en el electorado en la medida que se le hace más difícil discernir la distancia ideológica que separa a los candidatos.

El motivo coyuntural, es que actualmente el discurso político de Humala -que ahora por segunda vez tiene la posibilidad de disputar un balotaje- debe "suavizarse" en materias como las relaciones exteriores y el manejo de la economía. En todo caso, hay una señal importante que se envió a nuestro país cuando Humala nuevamente instaló la idea de que "Chile le debe un perdón al Perú" por la venta de armas a Ecuador en la Guerra del Cóndor (1995) y por las acusaciones de espionaje que surgieron el 2009. Para no pocos analistas, las relaciones chileno-peruanas en una eventual administración humalista, se volverían tormentosas. Esto, no sólo por este tipo de señales, sino que también por las inversiones de capitales chilenos en Perú. También está presente la idea que Humala presentó hace meses para "peruanizar" económicamente Arica. Este tipo de declaraciones capitaliza un apoyo electoral, especialmente en las regiones fronterizas con nuestro país.

En todo caso, consideramos improbable una investidura de Humala en Palacio Pizarro. Nuevamente queremos reafirmar lo mismo que planteamos en octubre del 2010. El reacomodo electoral y la débil capacidad de generar acuerdos por parte del candidato de Gana Perú, sentará las bases para que Keiko Fujimori pase a ser la primera mandataria del Perú. Esto también se verá reforzado en base a las observaciones que hemos hecho en las últimas elecciones presidenciales peruanas, donde podemos constatar casi como una tendencia, la hipótesis que señalábamos al inicio de la columna.

Evidentemente, habrá que mirar con atención la capacidad de generar acuerdos que presenten ambos candidatos. Aún queda poco más de un mes para ver cómo se configurará el ambiente previo al balotaje, de manera que los "reacomodos" electorales y los nuevos pactos políticos que surjan serán cruciales para determinar al próximo o próxima representante del Estado peruano.

El futuro Jefe o Jefa del Estado peruano, tendrá una labor no menor en el manejo de la política bilateral con Chile, ya que tendrá que manejar el escenario político una vez que la Haya emita su sentencia por el diferendo marítimo que actualmente se mantiene en la Corte. De ahí que sea comprensible entender el motivo del por qué políticos y analistas chilenos sigan con atención el proceso electoral de Perú.

Terremoto en Japón y el debate sobre la energía nuclear

A estas alturas, ya es conocido por todos el devastador terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter que afectó a Japón durante la jornada del 11 de marzo. Al parecer, esta fecha ya no sólo será recordada por los atentados en el Metro de Madrid.

Al ver los principales medios de comunicación -incluyendo también los videos y las secuencias adjuntas que mostraban cómo el tsunami generado tras el terremoto arrasaba con vehículos, casas y edificios en Onahama, en la nortina provincia de Fukushima- nos muestra cuán devastador fue este terremoto y posterior tsunami que según los estudios preeliminares del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV), habría desplazado casi diez centímetros el eje de rotación de la Tierra.

Los efectos también se hicieron sentir en el área industrial del país nipón. Algunas plantas nucleares y refinerías de petróleo habían cerrado tras el sismo, mientras que una importante industria siderúrgica ardía en llamas y era mostrada en la prensa local. También cerraron algunos aeropuertos y los servicios de trenes suspendieron sus viajes. Algunas importantes empresas de electrodomésticos como Sony, cerraron seis de sus fábricas tras el terremoto según los reportes de la agencia de noticias, Kyodo. Las alarmas de un riesgo de emisiones de radioactividad nuclear fueron probablemente las que más procupación trajo no sólo para Japón, sino que para la comunidad internacional. La misma agencia Kyodo informaba que el nivel de radioactividad en la planta nuclear de Fukushima 1 aumentó mil veces por encima de sus niveles normales. Esto, tras presentarse una falla en el sistema de refrigeración de la planta.

La empresa que opera la planta admitió que es posible que ya se hayan registrado pérdidas radioactivas a raíz de los daños causados por el terremoto.

El primer ministro japonés, Kan Naoto, amplió a diez kilómetros a la redonda la zona de evacuación en torno a la planta. Se calculaba que tres mil personas han salido de la zona. La falta de electricidad prolongada también retrasó la liberación de vapor dentro del reactor que se tenía planeada para aliviar la presión, la cual se elevó, dentro de uno de los reactores a 1,5 veces el nivel considerado normal. Todos los efectos que especialmente han originado en materia nuclear este lamentable terremoto -incluyendo la posibilidad de que nuestro país albergue este tipo de energía en el futuro- será el tema del que nos ocuparemos en esta columna.

Los japoneses bien conocen de plantas nucleares y terremotos. Le informamos al lector, que precisamente Japón es el país que posee la planta nuclear más grande del mundo, pero no es la de Fukushima, descuide. Se trata de la planta nuclear de Kashiwazaki que -de todas formas- es operada por la misma empresa de generación eléctrica y nos referimos a la compañía Tokio Electric Power Company (TEPCO).

Quisiera que retrocedamos un par de años, específicamente al 2007, donde en julio de ese año, hubo un terremoto de 6.8 grados Richter que paralizó por completo las actividades del complejo nuclear de Kashiwazaki. Se suponía que las estimaciones técnicas post-terremoto hablaban de que éste complejo nuclear retomaría sus funciones al año de ocurrido el sismo, una vez que los trabajos de reparación hayan concluido. Equivocados se encontraban los técnicos, ya que a los dos años siguientes, se pudo reparar apenas uno de los siete reactores nucleares que operan en esa planta. Las pérdidas de aquel entonces se estimaban aproximadamente en 5,6 mil millones de dólares sólo para el año 2007.

Aunque parezca increíble, la planta nuclear de Kashiwazaki está construida a sólo 15 kilómetros de una falla tectónica. En esos años ello ha causado una seria pérdida de confianza de los nipones en sus autoridades. La Corte Suprema en Tokio -basándose en estudios del Instituto Nacional Avanzado de Ciencia Industrial y Tecnología- rechazó las denuncias de organizaciones ciudadanas que reclamaban que el terreno era inadecuado para instalar reactores. “No hay falla y no hay nada que pueda causar un terremoto”, fueron las resoluciones de la Corte.

En algunos casos es más económico cerrar una planta nuclear antes que repararla. Las centrales nucleares de Hamaoka -próximas a Tokai- son un ejemplo de esto, ya que en principio debían estar preparadas para soportar terremotos de hasta 8,5 grados. Esto obligó a cerrar un par de reactores en 2001 y 2004 asumiendo una pérdida de casi dos mil millones de dólares antes que asumir una inversión sobre los 3 mil millones para repararla. Cuando se trata de estas magnitudes de dinero las tentaciones empresariales para falsear los datos, y presentar por seguro lo que no lo es, es manifiesta. En 2003, 17 plantas de la TEPCO debieron cerrar cuando se descubrió que los informes de seguridad fueron falsificados. Así las cosas, no debería extrañarnos que actualmente la planta de Fukushima y que -como hemos señalado- es operada por la misma compañía de generación eléctrica, siga la misma lógica de operación.

Los ejemplos históricos que ha tenido Japón en materia sísmica y nuclear, debiese hacernos repensar seriamente si estamos preparados como país para asumir en nuestra matriz energética una energía -valga la redundancia- como la nuclear. Concordamos en que la matriz energética no puede sustentarse únicamente en las termoeléctricas a carbón que operan actualmente en nuestro país; pero barajar la opción nuclear -basándonos en casos como los de Japón- realmente nos debiesen hacer un llamado al alto y evaluar todos los costos y beneficios que nos traería este tipo de energía. En septiembre del 2010, el Senador de la UDI, Hernán Larraín manifestaba lo siguiente: “siendo detractor de la energía nuclear hoy soy un convencido que todos los resguardos tomados y el avance en esta materia son varios los países que han experimentado la instalación de centrales atómicas en sus respectivos países, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, China, entre otros, y por lo tanto nosotros debemos tomar la decisión”.

Salvo Estados Unidos, ninguno de los países que cita el Senador, son Estados que en el mediano plazo hayan sido afectados por grandes terremotos como los de Chile o Japón. Especialmente los estadounidenses conocen bien el manejo de material nuclear y que ni aún así, los haría inmune a los efectos de un terremoto o un eventual tsunami para sus plantas nucleares. Es respetable si estamos a favor o no de la energía nuclear. Naturalmente todos tendremos nuestros argumentos, pero lo cierto es que debemos basarnos en los hechos concretos y en este sentido, las lecciones nucleares de Japón -país que al igual que el nuestro es propenso a caer en sismos- debiese replantearnos que no sólo en nuestro país no contamos con la preparación técnica, el marco institucional adecuado, ni la cultura social que necesitamos para enfrentarnos con madurez a los embates de la escasez energética. Las autoridades chilenas en el futuro o alguna empresa responsable de las plantas -como el caso de TEPCO en Japón- ¿estarían dispuestas a asumir las millonarias pérdidas como las que citábamos al inicio de la columna? ¿Quiénes se responsabilizarían por las fugas de material radioactivo? ¿El culpable sería finalmente la empresa responsable de la planta nuclear por no responder con los estándares de seguridad o las autoridades responsables de instalar el debate y preparar el marco institucional para asumir una energía de este tipo en el futuro? Evidentemente el tema es de largo debate, pero creemos que la matriz energética nacional no debiese contar con energía nuclear, al menos hasta que no exista en el futuro alguna medida eficaz de enfretar los embates sísmicos, aunque claro, también por nuestra especial geografía, el tema es más delicado aún. Creemos que la salida va por la energía eólica, que según estudios internacionales, Chile sería uno de los pocos países que pueden explotar este tipo de energía en su máxima capacidad. También podría ser la energía mareomotriz, ya que Chile posee una de las costas más extensas del mundo.

Alternativas existen, hay que evaluarlas seriamente, en el mismo nivel en que debemos analizar si la energía nuclear es nuestra solución.

Libia en la encrucijada

Después de las manifestaciones en Túnez y Egipto, el tercer país del mundo árabe que ha seguido con el tan llamado "efecto dominó", es Libia. Esto último, ocurre a pesar de que las manifestaciones en países como Bahréin, Yemen y Omán no han sido menores, mientras que otros manifestantes han lanzado en las redes sociales algunas tentativas para continuar con el proceso en Arabia Saudí, Argelia y Marruecos. Lo cierto, es que por ahora la situación en Libia es seguida con especial atención por parte de la comunidad internacional. Por más que en los círculos académicos se intente hablar de un "efecto dominó"; la gestación, desarrollo y término de las manifestaciones del mundo árabe varían de un país a otro. El caso de Libia no es la excepción.

A diferencia de lo ocurrido en Túnez, pero sobre todo con Egipto, el mandatario libio, Muammar Gaddafi no ha vacilado en utilizar la fuerza para dispersar a los manifestantes. Una vez iniciadas las manifestaciones, al paso de una semana algunas ONG y otras cadenas informativas como Al Jazeera ya hablaban que la cantidad de víctimas fatales superaba las doscientas personas. La verdad de las cosas, es que la situación en Libia no parecía ser un frente tan llamativo en las manifestaciones del mundo árabe.

Especialmente después de que en Egipto empezaran a fraguarse los incidentes, el régimen de Gaddafi había anunciado como una forma de anticiparse, algunas medidas paliativas. Sin embargo, éstas no fueron suficientes para lo que se vendría las semanas después.

Actualmente, Gaddafi se encuentra en una posición muy compleja. Internamente, las manifestaciones aumentan. Pasaron desde Bengasi, hacia Al Kufrah y luego se expandieron hacia el Oeste, pasando por Musratha, Zauiya y Zuara, ésta última, cercana a la frontera con Túnez.

Mientras tanto, internacionalmente Gaddafi está sintiendo un aislamiento en la comunidad de Estados. Ya son varios los países que le han recomendado al mandatario libio, permitir la libertad de opinión en los manifestantes, pero sobre todo, no reprimirlas con violencia. A esto, debemos sumar algunas pérdidas importantes de apoyo que si bien no son a nivel institucional, sí pueden ser importantes a la hora de definir el conflicto en Libia. Estas pérdidas -a nuestro juicio- son principalmente tres: La primera, es la negativa de los pilotos libios del Ejército del Aire para disparar en contra de los manifestantes -y que terminaron aterrizando sus aviones en Malta- La segunda, es la oleada de renuncias de embajadores libios en distintas sedes diplomáticas alrededor del mundo. Los diplomáticos tomaron esta decisión como una forma de mostrar su disconformidad ante la represión de las autoridades libias hacia los civiles. Finalmente, la tercera es la sublevación de algunas unidades de las FFAA libias en la parte oriental del país. Más específicamente, podemos mencionar el caso del General de Brigada, Abdul Nafa Musa, que había hecho un llamado al resto de los oficiales en la parte oriental de Libia para "marchar hacia Trípoli", la capital de ese país. Por lo tanto, Gaddafi se encuentra entre la espada y la pared.

Es cuestión de semanas para que la suma de todos estos elementos cuajen y se transformen en el colapso de la era Gaddafi. En Libia -al igual que en Egipto- el Presidente en ejercicio pretendía delegar el poder en forma hereditaria a su hijo. Si en Egipto no se quería a Hosni Mubarak ni a su hijo, Gamal es probable que en Libia tampoco quieran a Muammar Gaddafi ni a su hijo, Saif.

La diferencia entre Egipto y Libia es que las decisiones emprendidas por la comunidad de Estados -principalmente occidentales- serán más decisivas que las adoptadas en Egipto. Con "decisivas" nos referimos especificamente a posibles acciones militares. No olvidemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por unanimidad en sus quince miembros, sanciones contra el régimen de Gaddafi, pero también por la invocación del Capítulo siete de la Carta de Naciones Unidas que contempla el uso de la fuerza para implementar las medidas. Al parecer, esto último justificaría el motivo que representa la incapacidad de las fuerzas libias para mantener el orden. Con el paso de los días ya se ha demostrado que no existe orden dentro de las propias unidades militares libias, por lo que su confiabilidad para mantener el orden interno ha retrocedido a fojas cero.

En vista de los acontecimientos, la encrucijada en Libia parece dirigirse a uno de los siguientes dos escenarios. Un escenario, es el colapso del régimen de la era Gaddafi y sus colaboradores más cercanos, generando una salida política "a la tunecina" -ya que no seguirá el mismo fin que el caso egipcio por el sencillo hecho que una junta militar no podrá contener los estribos del país-

El segundo escenario, es que al no tener un futuro líder claro, se optará por la secesión territorial del país en áreas de influencia que manejarán algunos clanes con la ayuda de los militares rebeldes. En tal caso, el proceso debería continuar siendo monitoreado por la ONU hasta el establecimiento de elecciones que debería llegar al paso de los meses siguientes.

Creemos que en Libia, el descenlace al conflicto -y a pesar de haberse inspirado por las manifestaciones en la Plaza Tahrir- podría no seguir la misma lógica egipcia. Evidentemente cada país del mundo árabe a pesar de compartir una serie de valores, costumbres y culturas, determinan sus acciones en función de intereses que muchas veces son distintos. Con mayor razón sucede esto cuando actualmente estamos en presencia de una verdadera revolución árabe, que ya sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo terminará.

Sudán del Sur : Un Estado, muchos dilemas

Mientras los efectos de la desestabilización en el mundo árabe siguen repercutiendo con especial fuerza en Libia, Yemen y Bahréin; el panorama en Sudán -que hasta hace unas semanas atrás parecía muy tenso después de los llamados a través de las redes sociales para incitar un levantamiento popular por parte del "Grupo 30 de enero"- parece calmarse de a poco.

Ya habíamos comentado en una columna anterior algunas aristas del referendo de autodeterminación de Sudán del Sur y qué podría traer como beneficio en este castigado país africano. Lo cierto es que desde entonces a la fecha, el referendo ya fue realizado y dando como resultado lo que de alguna manera ya se sabía: Sudán del Sur ha optado por la secesión del Norte. Los resultados que fueron entregados por la Comisión Electoral de Sudán eran contundentes: un 98,83 por ciento de los votantes, optaron por la independencia de Sudán del Sur. A partir de ahora los sudaneses del Sur gozarán de autonomía política, ya que el gobierno de Omar Al Bashir -el Presidente de Sudán del Norte- aceptó los resultados, interpretándose como una buena señal para la continuidad de las relaciones inter-sudanesas.

Sin embargo, el referendo también ha despertado algunas dudas, que principalmente se manifestan en dos campos. Uno de ellos, es el futuro que tendrá la provincia petrolífera de Abyei. Especialmente durante el año en curso, esta provincia ha sido escenario de violencia por la disputa de sus reservas de petróleo y probablemente Abyei será el próximo gran desafío que tengan que enfrentar los gobiernos de Jartum y Juba. Hasta el momento, no se sabe si Abyei decidirá incorporarse a Sudán del Norte o del Sur y para solucionar esto, probablemente se tendrá que definir en un referendo a sus ciudadanos. El otro aspecto importante -tanto para Sudán del Norte como del Sur- es la eliminación de este país en la lista negra estadounidense de los países que apoyan el terrorismo. Recordemos que Sudán forma parte de esta lista luego de las sospechas que este país podría haber patrocinado al atentado contra el ex Presidente egipcio, Hosni Mubarak en 1995. También por las sospechas de que a inicios de los noventa, el gobierno sudanés supuestamente dio asilo a Osama Bin Laden. Al parecer, estas sospechas serían lo suficientemente meritorias como para aislar internacionalmente a Sudán. Por lo tanto, remover a este país de la lista le interesa principalmente a Jartum -que es de mayoría islámica- pero también a Juba, ya que como lo habrá dicho su Presidente, Salva Kiir "solicitaremos juntos que se quite a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo". Estos dos puntos serán los que trataremos en esta columna.

Con la evolución de la situación en Sudán, el tema de la separación ya ha sido zanjada. Como mencionamos anteriormente, según los resultados entregados por la Comisión Electoral de Sudán, una aplastante mayoría de sudaneses del Sur ha decidido separarse del gobierno de Jartum, en donde este último es predominantemente de religión musulmana. Con lo acontecido, en las últimas semanas -y si todo sigue un curso normal- el próximo 9 de julio seremos testigos del nacimiento del primer Estado del siglo XXI, donde Sudán del Sur hará su independencia de forma efectiva. Esto también transformará a Sudán del Sur en el Estado número 193 de la Asamblea de Naciones Unidas y en el Estado número 54 del continente africano.

Sin embargo, el conflicto inter-sudanés aún no está del todo resuelto. La provincia petrolífera de Abyei será el próximo gran dilema para las relaciones entre los gobiernos de Jartum y Juba. Al igual que como lo fue Sudán -un país dividido religiosamente entre musulmanes y cristianos- también lo es el caso de la provincia de Abyei. En esta provincia habitan fundamentalmente dos tribus rivales: Los Misseriya, nómadas que se dedican a la ganadería, practican la religión musulmana y generalmente pasan a Abyei en busca de agua y pastos para sus ganados. A esta tribu se le asemeja también el apoyo tácito -no formal- del gobierno de Jartum y especialmente de Omar Al Bashir. Por el otro lado, están los Ngok Dinka, que son principalmente agricultores, ligados con el gobierno semiautónomo del Sur y que por lo tanto eran favorables a la secesión del Norte, pero también a la anexión de Abyei con el Sur de Sudán.

Desde el año pasado, Abyei ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre estas tribus rivales. A inicios de enero de este año, la cifra de víctimas fatales ya sobrepasaba las treinta. Evidentemente, esto ha generado algunas trabas para la solución de este problema, ya que el caso de Abyei debía solucionarse en un referendo simultáneo a la realización de la consulta de independencia de Sudán del Sur. Con esto, la situación de Abyei ha pasado a manos de negociaciones locales que han resultado ser infructuosas. No sería ilógico pensar que Sudán del Sur -aún haciendo efectiva su independencia en julio próximo- aún no tenga un control efectivo sobre los recursos en Abyei. Esto es importante, porque debemos mencionar que casi el ochenta por ciento de las reservas de petróleo se concentran en el Sur de Sudán, gran parte de este porcentaje en Abyei. En buenas cuentas, Sudán del Sur por ahora sería un Estado relativamente autónomo, pero aún no soberano en su totalidad. Para que Sudán del Sur obtenga esta condición, deberá solucionar el dilema de Abyei junto al gobierno de Jartum.

En esa materia, deberíamos recordar que el Acuerdo Integral de Paz que en 2005 puso fin a las hostilidades entre el Norte y el Sur del país, mencionaba que antes de la realización del referendo, las ganancias del petróleo debían ser repartidas en partes iguales para el Norte y el Sur. Con la aprobación de la independencia de Sudán del Sur, este punto en rigor, ya no tendría que ser cumplido. Sin embargo, por ahora el tema no es tan sencillo como para afirmar que Sudán del Sur ostentará todos los recursos petrolíferos bajo su jurisdicción, ya que los oleoductos que pasan por Sudán, desembocan en el Mar Rojo, al Norte del país, por lo tanto, el caso de Abyei tendrá que imperiosamente ser solucionado a través de negociaciones entre los gobiernos de Sudán y con un constante monitoreo internacional. Nuevamente, la voluntad política será clave para solucionar ese tema.

El otro aspecto con el que tendrá que enfrentar este nuevo Estado africano, es apoyar la causa para eliminar a Sudán como un país patrocinador del terrorismo. Para entender esto, podríamos hacernos una pregunta ligada a lo que veníamos tratando anteriormente: ¿Cómo Al Bashir decidió aceptar la separación de Sudán del Sur sabiendo que este país concentra casi la totalidad de las reservas de petróleo? La respuesta queda en evidencia: El compromiso de eliminar a Sudán -o Sudán del Norte en este caso- en la mencionada lista.

Antes de la realización del referendo, Sudán tuvo que sopesar las sanciones económicas y el aislamiento internacional, sumado a la orden que en 2009 emitió el Tribunal de la Haya para la captura internacional contra Omar Al Bashir -por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio por el conflicto en Darfur-. Con todo, probablemente estas acusaciones podrían suavisarse un poco en el corto y mediano plazo. Entender ahora la aprobación de Al Bashir, no resultaría tan compleja. El Presidente de Sudán del Norte pierde, pero gana al mismo tiempo.

Mientras Sudán del Norte queda con las reservas de petróleo en jaque, Sudán del Sur las ostenta, pero al costo de poseer una altísima tasa de analfabetismo, pobreza y con la tarea de empezar a organizarse como un Estado autónomo. Es probable que de aquí a julio próximo, efectivamente Sudán del Sur sea un Estado efectivo, pero aún con la duda de tener la autonomía económica y sobre todo territorial en el caso de Abyei. Por su parte, ¿Jartum cómo responderá a largo plazo una vez que los embates de la escasez por los ingresos del petróleo empiecen a hacer efecto? Para entonces, ¿En qué estado se encontrará Sudán del Sur? ¿Dejará de ser autónomo para pasar a ser soberano?

El referendo realizado en febrero ha solucionado un gran dilema, pero ha instalado muchos otros más y que dicho sea de paso, tendremos que ir mirando con atención en los próximos meses.

Los efectos de las crisis en Túnez y Egipto para el mundo árabe

Mientras que en Egipto la evolución a la crisis política empieza a dar tenues señales de "mejora" -tras la reunión entre el Vicepresidente egipcio, Omar Suleiman con autoridades de los partidos de oposición- en el mundo árabe, el resto de los países entendieron que los efectos de las crisis en Túnez y Egipto tenían que ser contenidas antes de que se traspasaran al resto de la región. En esta columna, nos enfocaremos en revisar en primer lugar, los efectos de las crisis egipcio-tunecinas para una serie de países en el mundo árabe y luego, analizar cómo ha evolucionado el conflicto o crisis política en Egipto junto con su escenario más probable en vista de los últimos acontecimientos.

En la misma región del Magreb -que Túnez comparte con otros países como Marruecos, Libia y Argelia- en todos esos casos, a grosso modo han decidido inyectar fondos para asegurar proyectos de vivienda y programas de empleo. Recordemos que tanto en las crisis de Túnez como de Egipto, uno de los factores se dio con la situación de una juventud sumida en la pobreza y con nulas posibilidades de empleo. De ahí que sean entendibles estas medidas paliativas de los países magrebíes. Pero otros países fuera del Magreb, como por ejemplo, el caso de Jordania, el monarca Abdullah ha acelerado el proceso de reforma que conduzca a una mejoría del país. Como lo diría en sus propias palabras, "queremos reformas que allanen el camino para que nuestro pueblo tenga grandes oportunidades y una vida digna". A pesar de esto, la situación dentro de Jordania no es vista con buenos ojos por los islamistas -o al menos, los islamistas más radicales- que denuncian una serie de escándalos de corrupción y una reforma a la ley electoral. Por lo pronto, la situación en Jordania no ha pasado a mayores, ya que el principal referente de oposición, el Frente de Acción Islámica ha señalado que a diferencia de Egipto no desean un cambio de régimen, sino que sólo reformas políticas.

Resulta curioso revisar cómo ha evolucionado desde la última revisión de la crisis en Egipto, los acontecimientos actuales. Si hacemos una pincelada, recordaremos fácilmente que señalábamos en la columna anterior, que en Egipto se dio un proceso de "agotamiento político" con el régimen de Hosni Mubarak. No podía ser de otra forma, porque las iniciativas de las manifestaciones se deben a la pérdida de apoyo que ha constatado el Presidente egipcio ante la incapacidad de generar eficazmente reformas políticas que conduzcan a una mayor libertad para su población -quien desde 1981 ha tenido que acostumbrarse a vivir bajo "estado de excepción"- y también, ante la creación de empleos, que ha sido un fuerte golpe con el que ha tenido que lidiar especialmente la población más joven.

Sumémosle además, la postura de los Hermanos Musulmanes y las denuncias sobre "fraude electoral" en los comicios legislativos de noviembre -que ya habíamos comentado anteriormente- y que entender este aspecto, resultaría fundamental para una comprensión integral del panorama en Egipto. Resulta que tal como lo habíamos advertido, esta acusación ha ayudado a generar un "programa común" de los partidos de oposición para denunciar las malas prácticas del gobierno egipcio.

Ahora bien, desde aquél entonces, se han dado interesantes pasos -y curiosos al mismo tiempo- que puedan sentar un precedente para el proceso de transición. El primero de ellos, es la reunión de los partidos de oposición -incluyendo a los Hermanos Musulmanes- con el Vicepresidente, Omar Suleiman para pedir una serie de reformas constitucionales, orientadas básicamente a los requisitos para ser candidato presidencial, el número de mandatos que puede tener el Jefe de Estado y el fin de la Ley de Emergencia, vigente desde 1981.

También hay una señal que no podemos pasar por alto y es la renuncia de parte de la cúpula del Partido Nacional Democrático (PND), el partido oficialista en el que militan tanto Mubarak como su entorno más cercano. Su hijo, Gamal Mubarak contaba con el puesto de Presidente del comité político del partido, al que también se desligó.

En la política internacional son importantes los hechos, pero también las señales, y en este sentido, podemos apreciar que la renuncia -especialmente la de Gamal a su puesto que lo ligaba al PND- es una de ellas. ¿Podría interpretarse como un intento de "despolitizar" la imagen de Gamal, para legimitar una continuidad de la era Mubarak en Egipto?

Esto es relevante si recordamos la crisis tunecina, donde al primer intento de formar un gabinete por parte del Primer Ministro, Mohamed Ghanuchi se le criticó el hecho de que permanecieran miembros del régimen de Ben Alí -que militaban a su vez en el RCD-. Como una forma de calmar los ánimos, Ghanuchi intentó "despolitizar" el gabinete haciendo que sus ministros renunciaran a su militancia en el RCD, intento que a la larga no prosperó. En base a esto, bien podríamos imaginar que ese intento de despolitizar a Gamal intente allanarle el camino que los ministros en Túnez no pudieron encontrar.

Lo cierto, es que por ahora todo parece indicar una cierta calma. Dado el complejo momento que atraviesa la crisis en Egipto, hay un hermetismo para las conversaciones sobre una eventual dimisión de Mubarak, pero -según las estimaciones- quedaría como posible sustituto en el proceso de transición, su Vicepresidente Omar Suleiman.

Independiente de todo esto, está claro que Mubarak no podrá quedarse hasta septiembre como él lo manifestó en la prensa, pero esa no debería ser nuestra inquietud. Lo que realmente preocupará no sólo a Egipto, sino que también a Occidente, serán las elecciones presidenciales que durante este año -según la agenda- deberían realizarse en el país.

Sería bueno preguntarse si las manifestaciones en Egipto, ¿desean la renuncia sólo de Hosni Mubarak o bien, a la renuncia de cualquier vínculo del PND con el poder en Egipto? Si fuera así, ¿entonces la figura de Gamal Mubarak sería legítima al desligarse del partido oficialista?

Hasta ahora, el proceso de "transición" en Egipto ha sido increíblemente más complejo que el tunecino, lo que es comprensible dado a que como ya lo habíamos sostenido, este país representa una importancia estratégica para Occidente e Israel. Para Occidente, porque básicamente desde el régimen de Mubarak, se ha asegurado el libre tránsito petrolífero por el Canal de Suez -una importante ruta por la que atraviesan los buques petroleros pesados-. Se cree que aproximadamente unas 35.000 embarcaciones pasan al año por este canal, transformándolo en una de las principales rutas de carga pesada en todo el mundo. Por más que a priori se consideraría como algo marginal su equivalencia de transportar aproximadamente el 1% de la producción mundial, no deja de ser cierto que un eventual cierre del canal, dispararía el precio del crudo al tener que buscar rutas alternativas para el comercio de éste hidrocarburo.

Por otro lado, para Israel la situación en Egipto también es clave para sus intereses estratégicos. En el peor de los escenarios, Israel vería como los Hermanos Musulmanes -ante una posibilidad de llegar al poder- puede ver afectada su seguridad dado a que los Hermanos Musulmanes tradicionalmente no reconocen los Acuerdos de Camp David -que pusieron fin a las hostilidades entre Israel y Egipto por la situación de la Península del Sinaí-. Aunque en la actualidad, esta colectividad, ha manifestado su voluntad de someterlo a un referendo, de todas formas, esto sería observado con escepticismo especialmente por Israel. Desde Tel Aviv, no se ve con buenos ojos una llegada de la oposición islamista al poder en Egipto, ya que consideran que la situación con los palestinos -que ya es frágil- puede verse agudizada ante una situación como esa. También, porque ésta ya sería la segunda "pérdida" de un aliado para Israel, ya que durante el año pasado, las relaciones entre Tel Aviv y el régimen de Ankara ya se vieron fuertemente tocadas después del asalto a la "Flotilla de la Libertad".

En conclusión, estamos ante un panorama sumamente complejo, con una enorme cantidad de aristas y que alguna modificación sustantiva en alguna de ellas, traerá consecuencias absolutamente directas en las demás. Lo que sí podemos afirmar respecto a la situación en Egipto, es que de ninguna manera, el actual Presidente tendrá una base de legitimidad para permanecer en el poder hasta septiembre como el mismo lo había estimado. Esperamos que a la brevedad, las preguntas que lanzamos en los párrafos anteriores puedan responderse con el pasar de las próximas semanas.

Egipto y el balance de poder en Medio Oriente

Egipto está viviendo desde el pasado 25 de enero una crisis política sin precedentes. Los manifestantes que se han visto inmersos en violentas protestas, piden la renuncia del Presidente egipcio, Hosni Mubarak que este año cumplía treinta años en el poder. Es curioso, porque la figura de Mubarak en sus 30 años de gobierno, pocas veces -por no decir nunca- había sido puesta en tela de juicio, al menos públicamente hablando. Era un mandatario fuertemente respetado y temido quien además, contaba con la lealtad absoluta del ejército y la policía y que en varias ocasiones no vaciló en utilizarlas para frenar las manifestaciones de la población. En esta oportunidad, Mubarak aún decretando un toque de queda, no ha logrado contener la ira social que exige su salida del poder. Este proceso -aparte de pedir la renuncia de Mubarak- ha generado la petición por parte de los manifestates de exigir más democracia y una serie de reformas políticas que apunten a esta dirección. Es un proceso que sin duda se vió inspirado en la manifestación "a la tunecina" que terminó sacando al Presidente de Túnez, Ben Alí. En esta columna revisaremos lo ocurrido en Egipto, pero también las consecuencias que traerá este proceso para el Medio Oriente, ya que considerando los hechos ocurridos en Túnez y Egipto, podría realmente sentar un precedente para nuevos procesos de desestabilización en otros países actualmente frágiles, como son los casos de Argelia, Jordania y Yemen. Especialmente nos centraremos más adelante en este último caso.

Desde el 25 de este mes, Egipto fue un escenario realmente complejo en términos políticos y sociales. Las manifestaciones que se recrudecieron con el pasar de los días, exigían la renuncia del Presidente Hosni Mubarak, quien -como mencionábamos- lleva treinta años en el poder. Mubarak como una forma de contener esta presión, sacó a los efectivos de la policía y el ejército para repeler a los manifestantes. Esto no ha tenido efecto alguno en la población, ya que los manifestantes que exigen su salida no sólo han desafiado el toque de queda, sino que además, en las imágenes que se han podido ver por televisión, se muestran a ciudadanos egipcios subiéndose a las tanquetas y vehículos del ejército. Realmente están cambiando las cosas en esas latitudes. Hace años atrás, sería impensable que en Egipto, la población se enfrentara de esta forma al régimen de Mubarak y vemos que sin embargo, actualmente se está haciendo. Sin perjuicio de lo anterior, el costo de esta rebelión está siendo alto, ya que más de un centenar de personas ha muerto desde el inicio de las hostilidades.

La verdad de las cosas, es que Egipto ha seguido básicamente la misma tendencia que la mayoría de los países del mundo árabe que se encuentran actualmente en una fragilidad institucional. Existen altos índices de desempleo, acusaciones de corrupción y fuertes alzas en los precios de los alimentos. A esto se sumó un elemento impensable que -al menos hasta hace pocos años- era imaginable: el agotamiento político por medio de una revuelta social contra el régimen. Al comienzo, el Presidente egipcio contó con una base de apoyo que se desarrolló en función de la estabilidad interna y del desarrollo del país, sin embargo y especialmente en los últimos años, Mubarak comenzó a constatar por parte de la población un proceso de agotamiento político que buscaba la generación de nuevas reformas y una mayor libertad. Lo que ocurrió y ocurre en Túnez se ha usado como un catalizador para las manifestaciones en Egipto.

Las medidas que a priori utilizó Mubarak para contener las actuales manifestaciones, eran conocidas por todos. Utilizar a las fuerzas de orden es una medida que Mubarak ya había utilizado con anterioridad. Pero a diferencia de otras ocasiones, el respeto por la autoridad se ha perdido por completo, no teniendo efectos positivos para el Presidente egipcio. A ello, Mubarak sumó la medida de remover a todo su gabinete, pero no dando indicios de abandonar el poder. Por tanto, las manifestaciones se han mantenido con igual fuerza desde el anuncio presidencial.

Dentro de esta renovación de gabinete, se debe destacar el nombramiento por primera vez de un Vicepresidente, el cual es Omar Suleiman, quien era el director de los servicios de inteligencia egipcios y es visto como una persona apoyada por el ejército, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y Estados Unidos. Una decisión que poco parece ayudar para la resolución de la crisis política.

Lo que los manifestantes y los Hermanos Musulmanes -el principal referente de oposición- están pidiendo, son fundamentalmente tres cosas. La salida de Mubarak del país, la formación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Sin embargo, es importante dejar claro que mas allá del contexto actual, la situación en Egipto ya se estaba volviendo tensa desde hace al menos dos meses. El partido opositor, Hermanos Musulmanes a fines de noviembre había logrado que sólo dos de sus militantes lograran obtener escaños en la Cámara Baja durante la celebración de la primera vuelta de las elecciones legislativas; por lo que decidieron retirarse de la segunda vuelta de unas elecciones que ellos catalogaron como "inválidas". Es relevante esta acusación, porque si recordamos las elecciones legislativas del 2005, la oposición logró obtener 88 de los 508 escaños. Esto sería lo que en un comienzó gatilló una polarización política que con el pasar de los meses, se agudizó hasta lo que presenciamos en Túnez y sería lo que inspiró a las revueltas populares que todos conocemos.

La situación en Egipto se ha visto complejizada con el asesinato del Director de la prisión de Fayoum -al Oeste del país- lugar desde donde se habrían fugado unos 700 reos. Con señales como éstas se debería tomar seriamente en consideración la posibilidad de encauzar a la brevedad la violencia en Egipto.

Resulta paradójico que precisamente este año era crucial para Egipto, ya que tiene en su agenda una elección presidencial. Hasta ahora no era claro si el Presidente Mubarak -que a sus 82 años- decidiría contender o si por el contrario, allanaría el camino para su hijo, Gamal quien se ha preparado para llegar al poder, aunque no cuenta con un gran respaldo popular. Lo que sí está claro, es que en cualquier caso, el oficialismo se verá con grandes dificultades internas para seguir en el poder. No es descabellada la idea de que si las fuerzas de oposición se rearman, los Hermanos Musulmanes puedan acceder al poder en un futuro próximo. De ser así, esto sentará dos consecuencias importantes. La primera, es que en un caso como éste el balance de poder en Medio Oriente se verá absolutamente modificado. Recordemos que Mubarak es un aliado clave para Occidente y que la asistencia militar proporcionada por su principal padrino político, Estados Unidos se aproxima a una cifra que asciende a los 1.500 millones de dólares anuales. De cambiarse el eje político oficialista, es probable que esta ayuda se vea mermada.

La segunda, es que tal como se ha mencionado, la desestabilización política en Medio Oriente puede generar un "efecto dominó" -término típicamente asemejado al colapso de la URSS y sus países satélite-. La diferencia está en que éste efecto dominó durante el marco de Guerra Fría, se sabía a qué países podría afectar, en cambio con lo que estamos viendo acá, es difícil pensar hasta dónde podría propagarse. Podría extenderse por el resto de los países del Magreb, así como algunos de África o Asia Central, que son regiones altamente frágiles desde el punto de vista político y social.

Creemos que de seguir esta tendencia, el próximo país más propenso a caer en un proceso de desestablización como el tunecino o el egipcio, será el caso de Yemen. Un país que al igual que los primeros dos casos, posee un Presidente con una alta cantidad de años en el poder y que posee además una oposición fuertemente silenciada y fragmentada. Sumémos también, las acusaciones de corrupción que pesan sobre el Presidente Yemení, Alí Abdullah Saleh, la pobreza extrema de la que es objeto, el alto nivel de cesantía y para finalizar, consideremos los intereses de las facciones houthis y sunníes y la relación que éstas podrían tener con el gobierno de Sanaá. Si se desea conocer más a fondo el caso de Yemen, recomendamos leer una columna anterior.

La situación en Egipto por ahora no decaerá hasta que Mubarak renuncie a su cargo. Sin embargo, no sólo serán claves los pasos que dé el aún Presidente egipcio, sino que también los militares también tendrán un papel clave. El apoyo que éstos reciban desde Estados Unidos se verá mermado en el caso que el país sufra un cambio brusco políticamente hablando, por lo tanto una instalación de la actual oposición en el poder podría no ser vista con buenos ojos por parte de los militares egipcios. Mañana lunes ya se podría poner en marcha el primer diálogo entre la oposición y los militares, así que habrá que mirar con atención ver cómo podría finalizar este conflicto que hasta el momento mucha sangre ha derramado.

Túnez: Algunas claves para entender la crisis

A pesar de que la calma está volviendo gradualmente a Túnez, no deja de ser llamativa la crisis política de envergadura por la que atravesó este país a partir del 17 de diciembre del año pasado y que desde a mediados de este mes, se gestó con una fuerza aún mayor en el frente interno e internacional. La causa se debería a la efervescencia social y política originada por la nueva reelección de Zine el Abidine Ben Alí o más conocido como Ben Alí -el hasta hace poco Presidente de Túnez que fue reelecto para un quinto mandato y que hasta el momento de su exilio cumplió 24 años en el poder-. En esta columna repasaremos brevemente algunos antecedentes de importancia que nos ayudarán a entender la crisis política por la que atravesó Túnez, cuál es el estado actual de esta crisis -si es que podemos seguir catalogándola como tal- y finalmente, qué futuro le espera a este país tras la conformación del gobierno de "unidad nacional" y que en definitiva, será el responsable de conducir al país hasta el momento en que se llame a las elecciones presidenciales y legislativas. Para algunos, esto último sería lo que idealmente "sellaría" definitivamente la crisis en este país del Magreb.

Comentábamos al inicio de la columna que esta crisis originó una efervescencia política y social de envergadura que surgió como consecuencia de la reelección de Ben Alí en las pasadas elecciones del mes de octubre. Si bien desde entonces el conflicto en el país magrebí no se hizo con la misma fuerza de ahora, la tensión podríamos atribuírsela a la presión social por la necesidad de generar grandes reformas políticas. Durante los 24 años en el poder de Ben Alí, no pocas veces surgieron acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, persecución a la oposición tunecina y a su vez, la mantención de altos índices de cesantía que afectaban principalmente a la población más joven del país. Estos elementos generaron que a partir de mediados de enero se agitara con una fuerza sin precedentes el panorama político del país generando que en consecuencia, Ben Alí no solo abandonara la primera magistratura, sino que además, tuvo que abandonar el país, huyendo para este fin, a Arabia Saudí.

Con este vacío de poder, la presidencia tunecina fue adoptada en un comienzo por el Primer Ministro, Mohamed Ghanuchi quien conforme al artículo 56 de la Carta Magna tunecina debía ejercer la presidencia interina. Sin embargo, esto sólo duró un día, ya que el Consejo Constitucional de Túnez decidió darle la vacante al Presidente del Parlamento, Fuad Mebaza bajo el argumento de que el artículo 56 de la Constitución -por la que Ghanuchi ejercía la presidencia interina- sólo habla de "caso de impedimento provisional del Presidente" por lo que si el Primer Ministro permanecía en el puesto, quedaba abierta la posibilidad a un regreso de Ben Alí, lo que había sido criticado duramente por la oposición.

Todo este panorama se ha gestado en un contexto de polarización social y política, lo que ha conducido a que el gobierno interino deba hacer uso de las fuerzas militares para tratar de contener el orden. Sin embargo, poco se ha podido hacer. Las manifestaciones y la polarización política se han agravado desde la detención del General Ali Sariati, el ex Jefe de Seguridad de Ben Alí, quien fue detenido tras sus llamados de incitación a la violencia. La detención de Sariati trajo las sospechas de que partidarios de éste estén intentando tomar el Palacio Presidencial de Cártago. Para ello, mantienen enfrentamientos armados con los militares que apoyan al Presidente constitucional.

Como una forma de calmar los ánimos, el Primer Ministro Mohamed Ghanuchi a los tres días de la dimisión del ex Presidente Alí, decidió formar un gobierno de transición. Pero éste no fue aprobado por la oposición ni por sus movimientos afines, entre ellas la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) -una organización sindical que ha jugado un papel clave en la organización de las protestas-. Según lo que se ha sabido con el pasar de los días, el descontento se explica ya que Ghanuchi mantenía en ministerios claves a ex funcionarios del antiguo régimen argumentando que "los necesitamos en esta fase". Específicamente doce de los veinte ministros que componen el gabinete, pertenecían a la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), la tienda oficialista a la que pertenecía Ben Alí. Pese a que se integraron a tres ministros sindicalistas en las carteras de Educación, Salud y Desarrollo, éstos duraron apenas un día en sus cargos luego de que Ghanuchi manifestara que los Ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Finanzas se mantendrían en sus cargos, lo que generó una alta desaprobación social y política.

Desde entonces, las señales del oficialismo a la oposición no han terminado. El canciller tunecino, Kamel Morjani renunció a su cargo, el Primer Ministro manifestó que todos los partidos políticos podrán operar en Túnez, que los presos políticos serían liberados, que a los medios de comunicación se les permitiría una libertad total, se anunció la supresión del Ministerio de Información -que era fuertemente criticado por acallar la libertad de prensa-. Así también se anunció la legalización de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la renuncia de los doce Ministros oficialistas a su militancia en el RCD -entre ellas las del propio Primer Ministro y del Presidente del Parlamento- y por último, Ghanuchi anunció que tras la celebración de las elecciones, se retirará de la actividad política. Estas señales no fueron suficientes para legitimar la posición del Primer Ministro, porque tal como lo habrá mencionado Lotfi Al Ahwal -un miembro superior del sindicato de la UGTT- confirmó que tras reunirse en un suburbio tunecino, "la organización resolvió rechazar cualquier gobierno que tenga miembros del antiguo régimen".

Desde entonces, la crisis ha mostrado algunas mejoras. Consciente de que la desaprobación social se explicaba por la presencia de los Ministros de Ben Alí, Ghanuchi -que actualmente es el único Ministro oficialista que permanece en su cargo- ha anunciado la conformación de un nuevo gobierno de transición. Esto, diríamos que ha traído una cierta "calma", aunque los manifestantes de las ciudades más pobres de Túnez siguen mostrando su desaprobación a la presencia del Primer Ministro y que una de las consignas de los manifestantes fue clara, quien gritó: "Fuera Ghanuchi, que era el jefe de la banda".

Lo cierto es que por ahora las cosas vuelven a la normalidad de a poco, aunque persistiendo el temor de que cualquier movimiento en falso del Primer Ministro, pueda agitar esta verdadera olla a presión. Hay al menos tres señales que por ahora son necesarias para impedir una nueva oleada de protestas y desestabilización política y que dos de las cuales, son extremadamente imperiosas en el corto plazo.

Una, es que Ghanuchi efectivamente tenga el debido cuidado a la hora de formar el nuevo gobierno de transición. Hasta ahora, el Primer Ministro tunecino tiene absolutamente claro que una mínima presencia del RCD en el gabinete puede generar nuevas manifestaciones.

La segunda, es que a partir de la conformación del gabinete, el proceso de realización de elecciones -tanto a nivel presidencial como legislativo- tenga el respaldo de observadores electorales de Naciones Unidas, ya que en caso de no contar con un aval como el organismo multilateral, es probable que las elecciones sean tildadas de ilegítimas, persistiendo así, las hostilidades y enfrentamientos. En países que atraviesan estos períodos de desestabilización, es un proceso necesario.

La tercera, es velar por un adecuado entorno político y social que conduzca a la reforma constitucional y que para los tunecinos, es clave que en ésta se asegure el pluralismo y la alternancia en el poder.

En ningún caso, esto quiere decir que con el cumplimiento de estas condiciones finalice la polarización política, pero creemos que por lo menos llevará a Túnez a un primer paso de reconciliación nacional.

Es irónico, pero hasta hace poco, Túnez era uno de los países más estables de la región. En 2008 el Fondo Monetario Internacional incluso lo calificó como modelo a seguir por las naciones en vías de desarrollo. ¿Cómo se verá mermada esta definición de Túnez luego de todo este embrollo político y social? Los próximos meses serán claves para ver hacia dónde podría dirigirse este país magrebí.

Referendo de autodeterminación en el Sur de Sudán: ¿Qué se gana y qué se pierde?

Desde el pasado 9 de enero y hasta el próximo 15 del mismo mes, se estará realizando en Sudán del Sur un referendo de autodeterminación para decidir si el Sur del país se separará por completo del Norte. Este hecho no se ha gestado por sí solo, ya que es parte del Acuerdo General de Paz firmado el año 2005 que puso fin a las hostilidades entre el Norte del país -que era mayoritariamente de religión musulmana- y el Sur que eran fundamentalmente cristianos y animistas. Esta situación podría sentar un hecho importante en la actualidad, ya que según las estimaciones previas se cree que Sudán del Sur optará por la secesión del Norte, creando en consecuencia, la primera nación independiente del siglo XXI. En esta columna revisaremos las distintas aristas que ha traído consigo este fenómeno y que -según algunos analistas- podría poner fin a décadas de guerra interreligiosa. Acá nos centraremos primero que todo, en entender la dinámica del conflicto en el marco de la Segunda Guerra Civil Sudanesa de 1983 y del conflicto más reciente del país que atravesó durante el año 2003. También revisaremos el referendo de autodeterminación y qué consecuencias locales y regionales podría traer.

Aunque en términos generales, no se tiende a conocer mucho de los conflictos africanos; queremos ser claros en sostener que el conflicto en Sudán es particularmente importante. Esto, no sólo porque se trata del país más grande del continente africano, sino que porque hasta hace unos pocos años, la ACNUR -o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- tildó al conflicto dentro de Darfur -que es una provincia ubicada al Oeste de Sudán- como "la peor crisis humanitaria del mundo".

Ahora bien, mencionábamos al inicio que nos centraríamos en la situación interna de Sudán. Pues bien, especialmente desde la Segunda Guerra Civil Sudanesa de 1983, este país acostumbró a estar enfrentado entre el Norte y el Sur; encarnado por las religiones musulmana y cristiana, respectivamente. Según datos que el año 2007 dio a conocer el Parlamento Europeo, en esta guerra “alrededor de 1,9 millones de civiles perdieron la vida en el Sur de Sudán y más de 4 millones se vieron obligados a huir de su hogar en algún momento desde el comienzo de las hostilidades”.

Este conflicto llegó a su fin con la firma el año 2005 del Acuerdo General de Paz, que comprometía a las partes al cese de las hostilidades. Hoy por hoy, podemos decir que hay "paz" entre el Norte y el Sur. Sin embargo, un par de años antes a la concreción de esta firma, Sudán fue objeto de un nuevo foco de tensión que se trasladó al Oeste del país, a una provincia llamada Darfur. En esta provincia, la población negra -de etnia fur- es asesinada por una milicia tribal árabe, llamados los janjaweed. Los janjaweed -montados a caballo y armados con fusiles y machetes- comparten la misma religión de los fur, es decir, el tinte del conflicto desde el año 2003 ha dejado de ser religioso. Los motivos por los que se cometen estas matanzas étnicas se explicarían por el control de los limitados recursos naturales que se ven amenazados por las contínuas sequías que sufre el país.

Para las milicias janjaweed, es fundamental tener acceso en Darfur, crear un gobierno afín al de Jartum -la capital de Sudán del Norte- pero creando un gobierno local que sea eminentemente de etnia árabe, especialmente de la etnia baggara y rezeigats, estos últimos denominados como “los verdaderos árabes” de Sudán.

En otras palabras, debemos ser claros en afirmar que el conflicto entre Norte y Sur por motivos religiosos ya pasó a segundo plano. Sin embargo, parece que sigue siendo de importancia para la población del Sur, porque por la experiencia que ésta tuvo por las guerras civiles, es de todas formas importante ser una nación independiente del Norte. De ahí que sea entendible todo el contexto actual.

Si el conflicto sudanés se ha hecho conocido en los últimos años, ha sido por la Guerra en Darfur y no por las guerras civiles y religiosas del siglo pasado. En consecuencia, creemos que la secesión del Sur con el Norte no tendrá mayores efectos para la pacificación del país, menos para esa provincia del Oeste. Ya para el conflicto en Darfur, las cifras de desplazados el año 2005 se situaban en cerca de 220.000 sólo para aquellos casos que decidían huir a Chad, un país vecino. Un documento de Naciones Unidas, señalaba que “dentro de Darfur, cerca de 3 millones de personas dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir; de estos 3 millones, 1.9 han sido forzados a dejar sus hogares y ahora viven en campamentos maltrechos, superpoblados y peligrosos".

De aprobarse la secesión ¿qué pasará con los desplazados fur? En el Sur difícilmente los aceptarían dado que en primer lugar los recursos ya serían relativamente escasos para su propia población y en segundo lugar, sería ilógico dividir el país en uno cristiano y uno musulmán para que luego la parte cristiana aceptara a desplazados musulmanes. El Norte, claramente no los aceptaría, porque las milicias janjaweed son del Norte y son las encargadas de darles muerte. Parece que el futuro de los fur no será otro más que seguir huyendo a países vecinos como Chad. El punto está en que dentro de los conflictos contemporáneos una de las principales amenazas serán las migraciones masivas. Chad no estará dispuesto a aceptar para siempre los éxodos de desplazados provenientes de Sudán, por lo tanto, el panorama no es alentador.

Sólo nos quedaremos con el hito que probablemente traiga consigo este referendo, en otras palabras, la creación de la primera nación independiente de este siglo XXI, pero al parecer el hito de llegar a la paz, no será el que precisamente se de en este país. Los fur serán los más perjudicados con todo esto.

Bolivia y la mediterraneidad: ¿Un nuevo caso gestándose ante la Haya?

Bastó que el Canciller boliviano, David Choquehuanca afirmara que su país no descartaba recurrir al Tribunal Internacional de la Haya por su aspiración marítima, para generar una reacción de proporciones en algunos sectores políticos nacionales. Desde el Canciller Alfredo Moreno hasta algunos timoneles de los partidos políticos se han manifestado al respecto para mostrar su desaprobación o "sorpresa" en otros casos. Nuestra Cancillería ya ha tomado cartas en el asunto y durante el día de ayer, Moreno se comunicó con su par boliviano para expresarle su molestia a nombre del gobierno chileno.

Más allá de las declaraciones, podemos ver que éste impasse se gesta en momentos donde Bolivia atravesó una crisis conocida como el "gasolinazo", donde el gobierno de Morales trató de decretar un alza de un 83% en el precio de los combustibles para así, "nivelar" el precio del hidrocarburo en referencia a los precios internacionales. A pesar de que finalmente la medida propuesta por el oficialismo no fue aceptada -al menos por el momento- se mantiene una fuerte efervescencia política en Bolivia. Esto sería lo que para algunos valida su hipótesis de que Chile nuevamente se usaría como un factor cohesionador cuando las crisis internas de algunos países vecinos atraviesan momentos de tensión.

Sin embargo, hay algunos elementos aún más contundentes y que realmente los deberíamos tomar en cuenta. Uno de ellos, es la novena disposición transitoria que se encuentra en la Carta Magna boliviana, la cual establece que “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

En otras palabras, todo tratado que contravenga las disposiciones generales de la Carta Magna boliviana, podría ser objeto de denuncia o renegociación. Entre las disposiciones generales de la Carta Magna se encuentra naturalmente el "derecho irrenunciable e imprescriptible" de la cualidad mediterránea que Bolivia perdió tras la Guerra del Pacífico.

Esta es una señal que para algunos podría interpretarse como un eventual motivo de denuncia ante el Tribunal de la Haya. Mientras unos se han mostrado sorprendidos, otros han rechazado esta pretensión. Lo que proponemos acá, es minimizar el hecho, porque que primero que todo, Bolivia es un país soberano para actuar en función de sus intereses nacionales. Bolivia tiene absolutamente claro que cualquier pretensión marítima debe ser propuesta en el escenario "Post-Haya" que enfrenta nuestro país con Perú.

Segundo, porque internacionalmente la demanda boliviana no tiene un asidero jurídico. La razón sería básicamente por dos motivos.

Primero, porque en el Derecho Internacional hay una preeminencia por sobre el Derecho Interno, lo que significa que si dentro de cualquier Estado existen cambios a las normativas internas, no tendrán efectos en el plano internacional y especialmente en los tratados internacionales firmados y/o ratificados con anterioridad.

Segundo, porque la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana representa un claro ejemplo a lo que en Derecho Internacional se conoce como "Stoppel", lo que no es otra cosa que actuar en forma consecuente. En palabras más sencillas, si un Estado se compromete a actuar de una forma determinada, no puede negar o contradecir esta posición con el tiempo. La novena disposición de la Constitución boliviana que habíamos citado al inicio, desconocería el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que selló en forma definitiva las disputas territoriales y marítimas entre Chile y Bolivia, tratado en donde éste último país renunció a su mediterraneidad.

Con esto, se está configurando un áspero y complejo escenario que de todas formas, puede ser encauzado a tiempo. El Canciller chileno ya habría decidido telefonear a su par boliviano para expresar su malestar y que en base a esto, puede que este impasse se termine dispersando como el humo y no pase más allá de eso.

Nuevamente queremos reafirmar cautela. Bolivia puede actuar en forma soberana; pero no debe olvidar las principales normas que rigen el Derecho Internacional. El gobierno de Morales ha sido loablemente reconocido -pese a sus crisis temporales- por reivindicar los derechos de los indígenas y las clases más desposeídas; pero no sería bueno recordarlo también como el mandatario que puso el candado a la reivindicación marítima boliviana.

Bolivia debe actuar con calma, especialmente en momentos que se mantiene un diferendo entre Chile y Perú que podría cristalizarse como un elemento sellador a sus aspiraciones marítimas. Afirmaciones como la del Canciller Choquehuanca no deberían ser tomadas con tanta sorpresa por parte de nuestros representantes políticos. A final de cuentas, todos sabemos que Bolivia seguirá marcando un lobby que apunte a recuperar "espacios perdidos".

La sombra de la Guerra del Pacífico y los límites marítimos con nuestros vecinos del norte, seguirán siendo un tema latente para los próximos años. Al parecer, para algunos se ha generado una reafirmación a la conocida frase: "Chile ganó la guerra, pero perdió la paz".