Bastó que el Canciller boliviano, David Choquehuanca afirmara que su país no descartaba recurrir al Tribunal Internacional de la Haya por su aspiración marítima, para generar una reacción de proporciones en algunos sectores políticos nacionales. Desde el Canciller Alfredo Moreno hasta algunos timoneles de los partidos políticos se han manifestado al respecto para mostrar su desaprobación o "sorpresa" en otros casos. Nuestra Cancillería ya ha tomado cartas en el asunto y durante el día de ayer, Moreno se comunicó con su par boliviano para expresarle su molestia a nombre del gobierno chileno.
Más allá de las declaraciones, podemos ver que éste impasse se gesta en momentos donde Bolivia atravesó una crisis conocida como el "gasolinazo", donde el gobierno de Morales trató de decretar un alza de un 83% en el precio de los combustibles para así, "nivelar" el precio del hidrocarburo en referencia a los precios internacionales. A pesar de que finalmente la medida propuesta por el oficialismo no fue aceptada -al menos por el momento- se mantiene una fuerte efervescencia política en Bolivia. Esto sería lo que para algunos valida su hipótesis de que Chile nuevamente se usaría como un factor cohesionador cuando las crisis internas de algunos países vecinos atraviesan momentos de tensión.
Sin embargo, hay algunos elementos aún más contundentes y que realmente los deberíamos tomar en cuenta. Uno de ellos, es la novena disposición transitoria que se encuentra en la Carta Magna boliviana, la cual establece que “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
En otras palabras, todo tratado que contravenga las disposiciones generales de la Carta Magna boliviana, podría ser objeto de denuncia o renegociación. Entre las disposiciones generales de la Carta Magna se encuentra naturalmente el "derecho irrenunciable e imprescriptible" de la cualidad mediterránea que Bolivia perdió tras la Guerra del Pacífico.
Esta es una señal que para algunos podría interpretarse como un eventual motivo de denuncia ante el Tribunal de la Haya. Mientras unos se han mostrado sorprendidos, otros han rechazado esta pretensión. Lo que proponemos acá, es minimizar el hecho, porque que primero que todo, Bolivia es un país soberano para actuar en función de sus intereses nacionales. Bolivia tiene absolutamente claro que cualquier pretensión marítima debe ser propuesta en el escenario "Post-Haya" que enfrenta nuestro país con Perú.
Segundo, porque internacionalmente la demanda boliviana no tiene un asidero jurídico. La razón sería básicamente por dos motivos.
Primero, porque en el Derecho Internacional hay una preeminencia por sobre el Derecho Interno, lo que significa que si dentro de cualquier Estado existen cambios a las normativas internas, no tendrán efectos en el plano internacional y especialmente en los tratados internacionales firmados y/o ratificados con anterioridad.
Segundo, porque la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana representa un claro ejemplo a lo que en Derecho Internacional se conoce como "Stoppel", lo que no es otra cosa que actuar en forma consecuente. En palabras más sencillas, si un Estado se compromete a actuar de una forma determinada, no puede negar o contradecir esta posición con el tiempo. La novena disposición de la Constitución boliviana que habíamos citado al inicio, desconocería el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que selló en forma definitiva las disputas territoriales y marítimas entre Chile y Bolivia, tratado en donde éste último país renunció a su mediterraneidad.
Con esto, se está configurando un áspero y complejo escenario que de todas formas, puede ser encauzado a tiempo. El Canciller chileno ya habría decidido telefonear a su par boliviano para expresar su malestar y que en base a esto, puede que este impasse se termine dispersando como el humo y no pase más allá de eso.
Nuevamente queremos reafirmar cautela. Bolivia puede actuar en forma soberana; pero no debe olvidar las principales normas que rigen el Derecho Internacional. El gobierno de Morales ha sido loablemente reconocido -pese a sus crisis temporales- por reivindicar los derechos de los indígenas y las clases más desposeídas; pero no sería bueno recordarlo también como el mandatario que puso el candado a la reivindicación marítima boliviana.
Bolivia debe actuar con calma, especialmente en momentos que se mantiene un diferendo entre Chile y Perú que podría cristalizarse como un elemento sellador a sus aspiraciones marítimas. Afirmaciones como la del Canciller Choquehuanca no deberían ser tomadas con tanta sorpresa por parte de nuestros representantes políticos. A final de cuentas, todos sabemos que Bolivia seguirá marcando un lobby que apunte a recuperar "espacios perdidos".
La sombra de la Guerra del Pacífico y los límites marítimos con nuestros vecinos del norte, seguirán siendo un tema latente para los próximos años. Al parecer, para algunos se ha generado una reafirmación a la conocida frase: "Chile ganó la guerra, pero perdió la paz".
Más allá de las declaraciones, podemos ver que éste impasse se gesta en momentos donde Bolivia atravesó una crisis conocida como el "gasolinazo", donde el gobierno de Morales trató de decretar un alza de un 83% en el precio de los combustibles para así, "nivelar" el precio del hidrocarburo en referencia a los precios internacionales. A pesar de que finalmente la medida propuesta por el oficialismo no fue aceptada -al menos por el momento- se mantiene una fuerte efervescencia política en Bolivia. Esto sería lo que para algunos valida su hipótesis de que Chile nuevamente se usaría como un factor cohesionador cuando las crisis internas de algunos países vecinos atraviesan momentos de tensión.
Sin embargo, hay algunos elementos aún más contundentes y que realmente los deberíamos tomar en cuenta. Uno de ellos, es la novena disposición transitoria que se encuentra en la Carta Magna boliviana, la cual establece que “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
En otras palabras, todo tratado que contravenga las disposiciones generales de la Carta Magna boliviana, podría ser objeto de denuncia o renegociación. Entre las disposiciones generales de la Carta Magna se encuentra naturalmente el "derecho irrenunciable e imprescriptible" de la cualidad mediterránea que Bolivia perdió tras la Guerra del Pacífico.
Esta es una señal que para algunos podría interpretarse como un eventual motivo de denuncia ante el Tribunal de la Haya. Mientras unos se han mostrado sorprendidos, otros han rechazado esta pretensión. Lo que proponemos acá, es minimizar el hecho, porque que primero que todo, Bolivia es un país soberano para actuar en función de sus intereses nacionales. Bolivia tiene absolutamente claro que cualquier pretensión marítima debe ser propuesta en el escenario "Post-Haya" que enfrenta nuestro país con Perú.
Segundo, porque internacionalmente la demanda boliviana no tiene un asidero jurídico. La razón sería básicamente por dos motivos.
Primero, porque en el Derecho Internacional hay una preeminencia por sobre el Derecho Interno, lo que significa que si dentro de cualquier Estado existen cambios a las normativas internas, no tendrán efectos en el plano internacional y especialmente en los tratados internacionales firmados y/o ratificados con anterioridad.
Segundo, porque la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana representa un claro ejemplo a lo que en Derecho Internacional se conoce como "Stoppel", lo que no es otra cosa que actuar en forma consecuente. En palabras más sencillas, si un Estado se compromete a actuar de una forma determinada, no puede negar o contradecir esta posición con el tiempo. La novena disposición de la Constitución boliviana que habíamos citado al inicio, desconocería el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que selló en forma definitiva las disputas territoriales y marítimas entre Chile y Bolivia, tratado en donde éste último país renunció a su mediterraneidad.
Con esto, se está configurando un áspero y complejo escenario que de todas formas, puede ser encauzado a tiempo. El Canciller chileno ya habría decidido telefonear a su par boliviano para expresar su malestar y que en base a esto, puede que este impasse se termine dispersando como el humo y no pase más allá de eso.
Nuevamente queremos reafirmar cautela. Bolivia puede actuar en forma soberana; pero no debe olvidar las principales normas que rigen el Derecho Internacional. El gobierno de Morales ha sido loablemente reconocido -pese a sus crisis temporales- por reivindicar los derechos de los indígenas y las clases más desposeídas; pero no sería bueno recordarlo también como el mandatario que puso el candado a la reivindicación marítima boliviana.
Bolivia debe actuar con calma, especialmente en momentos que se mantiene un diferendo entre Chile y Perú que podría cristalizarse como un elemento sellador a sus aspiraciones marítimas. Afirmaciones como la del Canciller Choquehuanca no deberían ser tomadas con tanta sorpresa por parte de nuestros representantes políticos. A final de cuentas, todos sabemos que Bolivia seguirá marcando un lobby que apunte a recuperar "espacios perdidos".
La sombra de la Guerra del Pacífico y los límites marítimos con nuestros vecinos del norte, seguirán siendo un tema latente para los próximos años. Al parecer, para algunos se ha generado una reafirmación a la conocida frase: "Chile ganó la guerra, pero perdió la paz".
No hay comentarios:
Publicar un comentario