La incertidumbre internacional ante las elecciones hondureñas

En las próximas horas, Honduras vivirá una de las jornadas más polémicas de su historia republicana. Se celebrarán los comicios presidenciales para designar a su futuro mandatario que vendrá siendo puesto en ejercicio con un gobierno de facto como predecesor, lo cual, ha sido criticado por gran parte de la comunidad internacional ya que vino a reemplazar a través de un golpe de Estado a su antiguo mandatario José Manuel Zelaya, quien -como recordaremos- el 28 de junio fue sacado a través de la fuerza por un comando militar quien lo dejó en Costa Rica tras su iniciativa de realizar un referendo para instalar una cuarta urna para buscar la reelección presidencial.

La dinámica que ha suscitado en este conflicto, ha estado lejos de terminar aún faltando un día para la celebración de las elecciones. Es algo que precisamente se venía comentando en columnas anteriores donde se mencionó que los alcances que podría tener el Acuerdo de San José -propuesto por el mandatario de Costa Rica, Oscar Arias- así como el pacto Tegucigalpa-San José que fue propuesto con una participación activa del gobierno estadounidense y organismos regionales como la OEA, no dieron los frutos que se esperaban, ya que era de esperarse que las partes en conflicto no encontrarían un punto común para consensuar una restitución del derrocado mandatario.

El conflicto hace semanas ya había seguido en alza cuando el 21 de septiembre Manuel Zelaya volvió por sorpresa a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde desde allí llamaba a oponerse ante el gobierno de facto y su llamado a celebrar las elecciones del 29 de noviembre que -para la lógica de sus seguidores- estarían "viciadas" y con una falta de legitimidad evidente al no presentarse los mínimos estándares de competitividad y libre concurrencia a las urnas.

Por lo tanto, el llamado al boicot será una constante para mañana domingo y donde no sabemos realmente qué acciones tomará el gobierno de facto para controlar las actividades que probablemente realizará el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, un grupo zelayista que exige la restitución inmediata de "Mel" -como le dicen de cariño sus seguidores-

Por otro lado, a nivel internacional la opinión pública se encuentra dividida, porque lo que a un principio se mostró como una actitud uniforme para repudiar la destitución de Zelaya, en estos momentos hay una cantidad de países que está dispuesto a aprobar el llamado a elecciones -y en consecuencia, lo que resulte de ellas- mientras otros ya han manifestado no reconocer el resultado electoral. Esta división se ha evidenciado más notablemente con lo que se pueda alcanzar en la Cumbre Iberoamericana que reunirá a los 22 países de América Latina y Europa -con lengua hispana y portuguesa en el caso del "viejo continente"- que se realizará en Portugal entre el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre. Un mismo portavoz de la Secretaría General Iberoamericana fue el que ha reconocido este fenómeno de división. De manera que a nivel internacional hay un ambiente de ambiguedad tremendo, porque esto no hará más que acrecentar el aspecto de legitimidad con el que quedará el futuro Presidente hondureño.

En el frente interno todo ya está en marcha para recibir a los electores para la celebración de los comicios. En estos momentos hay cinco candidatos presidenciales -que dentro del espectro izquierda/derecha- son César Ham (Unificación Democrática), Bernard Martínez (Innovación y Unidad Socialdemócrata), Felícito Ávila (Democracia Cristiana), Elvin Santos (Partido Liberal) y finalmente Porfirio Lobo Sosa (Partido Nacional). De éstos, las últimas encuestas apuntan que los que pasarían a un escenario de ballotage serían los dos últimos, es decir, Elvin Santos y Porfirio Lobo Sosa. Hay diferencias en cuanto a las cifras, ya que el ambiente electoral que se percibe es de bastante efervescencia, pero claramente hay una tendencia a que el fenómeno observado parece indicar que la crisis política en Honduras ha favorecido al Partido Nacional quien según por la encuesta CID-Gallup, el candidato de este partido cuenta con posibilidades reales de llegar a la presidencia. Un fenómeno interesante si tomamos en cuenta que el oficialista Partido Liberal de todas formas no saldrá beneficiado en los comicios, pese a que Micheletti hizo los esfuerzos para erradicar cualquier vínculo real o potencial hacia la izquierda latinoamericana que venía gestando Manuel Zelaya.

Por lo tanto, en el frente interno la "oposición nacionalista" -que es altamente cercana al sector de las Fuerzas Armadas- pareciera ser la más beneficiada con el quiebre constitucional que ha azotado al país centroamericano, ya que en este escenario su candidato se perfilaría como el próximo Presidente de la nación. Lobo Sosa es de la idea que tanto la imagen de Micheletti como la de Zelaya deben ser dejadas atrás y enfocarse sólo en el futuro de Honduras. Una opción respetable, pero ¿Qué sucederá con la situación de Honduras en el ámbito internacional? ¿Seguirá estando marginada de los organismos internacionales mientras no sea restituido Manuel Zelaya? ¿Zelaya seguirá desde la embajada brasileña llamando a la insurrección contra el nuevo mandatario hondureño? ¿Qué rol asumirá Micheletti cuando abandone el cargo? y sobre todo ¿Cómo se pronunciará la Cumbre Iberoamericana ante la crisis hondureña si hasta ahora la opinión de sus mandatarios se encuentra dividida?

En resumen, el pronóstico que observamos es exactamente el mismo que di en una columna anterior. La restitución de Manuel Zelaya es inviable; el estado de ingobernabilidad se mantendrá, las elecciones se realizarían de todas formas y Zelaya no podrá evitar que otro Presidente sea puesto en el cargo, porque evidentemente no podrá abandonar la sede diplomática brasileña si quiere asumir un rol opositor más activo. Hacerlo -y seguir en algún lugar de Honduras- sería ponerse a la merced de la justicia local. Lo que sí llama la atención, es que producto del Pacto Tegucigalpa-San José, los países en las últimas semanas tuvieron una leve, pero sostenida aprobación a la situación del país y por ende a la celebración de los comicios que se lleven a cabo.

De la forma en que se han suscitado los últimos acontecimientos, el estado de incertidumbre por el que atraviesa Honduras está lejos de terminar con la mera celebración de las elecciones. Lo que desde ahí se viva en los próximos meses, será clave para ver lo que le espera a la nación centroamericana, tanto interna como internacionalmente.

Por su parte, la Cumbre Iberoamericana -a partir de lo que mencionó su Secretaría General- no pareciera tener las ganas de pronunciarse mayormente respecto a la situación de Honduras porque en primer lugar, hay división en sus Estados miembro y segundo, hay una noción de respeto al proceso electoral que Honduras vivirá mañana, de manera que cualquier declaración a favor o en contra del proceso, no gozará de representatividad en sus miembros.

Finalmente, los preparativos que están haciendo tanto las fuerzas de seguridad hondureñas como los grupos pro-zelayistas están siendo repasados para las actividades de mañana domingo. Es de esperar que no se lamenten víctimas fatales durante las próximas horas, porque los hondureños bastante mal ya lo han pasado con toda la crisis política que sufren.

El conflicto Colombia-Venezuela en el marco de los acuerdos de cooperación militar

El conflicto desatado entre Colombia y Venezuela tras el acuerdo de cooperación militar que Bogotá sostendrá con Washington durante los próximos diez años -donde Estados Unidos instalará bases en territorio colombiano para combatir el narcotráfico- ha seguido siendo un tema de especial interés regional en las reuniones que ha sostenido la Unión de Naciones Suramericanas. El último incidente que ha venido a la palestra en esta materia, es un bombardeo que fue ejecutado por efectivos de las fuerzas militares venezolanas a unos puentes fronterizos en el estado de Táchira, donde -según la información que maneja el régimen de Hugo Chávez- estos puentes eran utilizados por el narcotráfico y contrabandistas para penetrar en Venezuela. Lo cierto es que con esto se está configurando de manera muy negativa un conflicto que ya no parece ser potencial y tiene buenas aspiraciones de transformarse en uno real si no se toman las riendas a tiempo. Todo esto viene en un contexto de declaraciones que Caracas ha seguido manifestando con respecto a que es una amenaza abierta para la revolución bolivariana, el hecho que se instalen bases norteamericanas a sólo kilometros de su país.

Como sabemos, el debate de fondo que se ha instalado a nivel regional -especialmente en el marco del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos- es el hecho que guarda relación con la soberanía de los Estados. Los acuerdos de cooperación militar evidentemente se realizan entre Estados que poseen intereses comunes ya sea por motivos históricos o bien netamente coyunturales.

Como se dijo, resulta llamativo para la actualidad regional todo el debate que se ha instalado respecto a este fenómeno de no cooperación entre países latinoamericanos y las potencias extraregionales. Un fenómeno que a lo menos es contradictorio si consideramos que no solo los sistemas de armas son proveeídos por potencias extraregionales, sino que los acuerdos de cooperación militar (capacitación, ejercicios militares conjuntos) también se firman con ellos.

En cuanto a las bases norteamericanas en América Latina, recordaremos que Hugo Chávez -durante los diez años que lleva en el poder- nunca se pronunció mayormente sobre la antigua base del comando sur estadounidense que anteriormente se encontraba en la base de Manta, una región ubicada al norte de Ecuador. La decisión del Presidente ecuatoriano Rafael Correa de no renovar el contrato de cooperación militar con Estados Unidos, fue gratamente recibido por Venezuela. Con el contexto que se ha generado ahora, hay una oposición a la instalación de estas bases ya que -según el debate que se ha configurado- afecta la soberanía de los Estados. Pero esto va más allá de esas declaraciones, hay un tema de fondo mucho más serio: El que los Estados no estén dispuestos a ceder en sus decisiones soberanas respecto a los acuerdos de cooperación militar que puedan firmar con potencias extraregionales.

A nivel regional me centraré específicamente en los casos de Venezuela y Colombia. El régimen de Caracas ha adquirido una serie de acuerdos de cooperación militar con Rusia, que contemplaban entre ellos la compra de 100.000 fusiles "Kalashnikov" AK-103 y su posterior adquisición de la licencia para la fabricación en territorio venezolano de este tipo de fusiles y su respectiva munición, la compra de al menos nueve submarinos a Moscú, aviones Sukhoi-30, tanques T-72, misiles antiaéreos, en fin, un completo sistema de defensa. Pero ello no ha quedado ahí. También recordaremos que el año pasado, Venezuela realizó ejercicios militares conjuntos con la Armada Rusa en el Mar del Caribe, siendo la primera vez desde el término de la Guerra Fría que la flota rusa navegaba aguas de nuestra región. En esa ocasión, el ejercicio combinado se llamó "VenRus 2008" y contó con la participación de unos 1.700 efectivos rusos que recalaron en el Puerto de La Guaira -en cuatro buques de distintos propósitos- y poco más de 700 efectivos venezolanos de la Marina y la Fuerza Aérea. Ello incomodó tanto a personalidades políticas colombianas en ejercicio como a las en retiro, pero comprendieron perfectamente que Venezuela era soberana para realizar estos ejercicios conjuntos que se enmarcaban en un acuerdo de cooperación que contemplaba futuros ejercicios, ya sea en aguas del Caribe como en otras latitudes.

Colombia no se ha quedado atrás, ya que desde el año 2000 se ejecuta el "Plan Colombia" que contempla la cooperación militar entre Estados Unidos y el país cafetero para combatir el narcotráfico. En términos bastante ambiguos a mi juicio se refiere al monto del acuerdo que es cercano a los 8.000 millones de dólares, pero no estipula específicamente qué pertrechos o acciones se llevarán a cabo para combatir al narcotráfico, así como también quedan suspicacias si el acuerdo militar se quedará limitado al narcotráfico o si bien, puede exportarse al campo militar más formal.

Por otra parte, Colombia ha adquirido tanques AMX-30 a España y ya había manifestado su interés por comprarle a Chile los Leopard 1-V que serían dados de baja al entrar las nuevas flotas de Leopard 2A4 que se instalarían en diversos destacamentos a lo largo de nuestro país.

Por lo tanto, la voluntad que se tiene a ambos lados de la frontera colombo-venezolana, es que se tiene la plena convicción de no renunciar a acuerdos de cooperación militar que cada uno ha firmado con potencias foráneas y que de cierta forma en cada uno de esos casos han penetrado el espacio sudamericano. Mientras Bogotá trae a fuerzas norteamericanas a su territorio, Caracas invita a los rusos a realizar maniobras militares. El "equilibrio de poder" es algo que bien diagnosticó Hans Morgenthau en un marco de Guerra Fría, pero en la actualidad no hay hechos concretos que nos hagan pensar que esta práctica pueda terminar. Los intereses de Venezuela y Colombia son mutuamente excluyentes y no debería sorprendernos que este foco de tensión se siga manteniendo en el norte de Sudamérica.

Lo clave de esto, es cómo poder encauzar la tensión bajo el alero de instancias de integración como la UNASUR. El canciller ecuatoriano Fander Falconí ya había anunciado que el próximo viernes se reunirían en Quito los cancilleres y ministros de defensa del organismo regional para tratar los nuevos focos de tensión por el que pasa la región. La UNASUR como proyecto recién está aprendiendo a caminar, pero también sería beneficioso para la región mostrar una verdadera voluntad política para poner paños fríos en estas tensiones que pueden desencadenar en consecuencias devastadoras.

¿La próxima reunión en Quito quedará en el mismo estado que la anterior? Esperemos que no sea así.

Homologación de acuerdos en defensa y la contrainteligencia chileno-peruana

El día viernes 13 de noviembre -fecha bastante simbólica por cierto- las relaciones chileno-peruanas sufrieron un nuevo revés como producto de sus diferencias en el plano de la defensa. Una situación bastante curiosa que tuvo un efecto prácticamente dual, ya que mientras en Estados Unidos se emitió un comunicado donde el Pentágono autorizaba la venta de un sistema integrado de radares y misiles destinados a la defensa aérea por 665 millones de dólares -que tenía que ser finalmente ratificado en el Congreso estadounidense para cerrar el trato con nuestro país- sale un anuncio en medios peruanos donde supuestamente un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) estaría involucrado en prestar información de inteligencia a entidades chilenas. Esto pone una vez más la relación bilateral en una situación bastante compleja en momentos donde próximamente la Ministra de Producción de Perú, Mercedes Aráoz se reuniría con la Presidenta Bachellet en La Moneda para explicar los alcances del llamado "Pacto de No Agresión" que propone el gobierno del mandatario peruano, Alan García.

El tema que ha sido de más envergadura, fue el de la acusación sobre el suboficial peruano que prestaba información favorable a Chile. Lo anterior, no ha sido mayormente comentado por las autoridades de nuestro país que se encuentran en estos momentos en la cumbre de APEC, ya que para éstas, la información que se ha manejado hasta ahora, sólo ha sido comentada a través de los medios de prensa y no se ha levantado queja alguna a través de los canales diplomáticos que corresponden. Aún así, ello fue suficiente para que desde Perú se cancelara la reunión en Singapur que tendría Alan García con Michelle Bachellet en el marco de la reunión de miembros de APEC, cancelar la visita de la ministra peruana que sostendría la visita comentada anteriormente con la mandataria y como era de esperarse, llamar a consultas al embajador peruano en Chile, Carlos Pareja.

Lo cierto es que con esto se está configurando de manera negativa la relación bilateral, mientras que se refuerza la imagen de Chile a nivel internacional.

Entrando de lleno a lo que es El Pacto de No Agresión propuesto por Torre Tagle, pese a las divergencias de la nomenclatura, la iniciativa que propone Perú, ha tenido a priori una buena recepción en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia; mientras que Venezuela y Brasil no se ha pronunciado mayormente al respecto. Quisiera enfocarme en las próximas líneas en algunos de los alcances que podrá o podría tener este Pacto de No Agresión -ahora llamado "Protocolo para la Paz, Seguridad y Cooperación"- que propone nuestro vecino del norte.

Los países que han apoyado la moción peruana son Estados que -a diferencia de Colombia- tienen el común denominador de no poseer los recursos necesarios para poder actualizar los sistemas de armas de sus respectivos ejércitos. Si Colombia apoya la propuesta peruana se debe fundamentalmente a que el país cafetero atraviesa una situación compleja con Venezuela que puede hacer escalar el conflicto entre ellos, especialmente después de la decisión del mandatario venezolano Hugo Chávez de movilizar sus tanques a la frontera con Colombia.

Ahora bien, centrándonos en el caso de Venezuela evidentemente este Estado hará oídos sordos a la propuesta peruana, ya que lo más probable es que Caracas no limitará su gasto militar antes de que Colombia desista en el acuerdo de cooperación militar que firmó con Estados Unidos. Mientras Bogotá no cumpla esa condición, el régimen de Hugo Chávez seguirá actuando en función de una lógica militarista.

El caso de Brasil es más moderado pero no por ello, menos importante. El gigante sudamericano siempre ha querido tener la hegemonía regional y por esa misma razón se mostró en contra del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. Los recursos naturales como petróleo, agua y gas que se encuentran abundantemente en el Amazonas, ha hecho que Brasil comprenda que debe destinar el financiamiento suficiente para potenciar su capacidad militar con la finalidad de defender estos recursos naturales ante un escenario de escasez global.

Por lo tanto, instalar un Pacto de No Agresión -que a su vez limita el gasto en defensa- bajo el alero de la UNASUR, implicará que al igual que todo acuerdo que se tome en este organismo, exista unanimidad entre los Estados. Desde ese punto de vista, no veo una viabilidad en el aspecto pragmático, ya que los intereses estatales se contraponen cuando se considera la limitación del gasto militar. Estados distintos, tienen distintas necesidades de la defensa.

En el campo jurídico, tampoco es viable pensar en la propuesta peruana por una razón bastante sencilla. Los alcances que tiene el Protocolo para la Paz, Seguridad y Cooperación pasa por tres ejes. El primero por 'la prohibición de hacer uso de la fuerza y solucionar los conflictos entre los países de UNASUR a través del derecho internacional. El segundo, es la creación de una fuerza sudamericana de paz e integración para que de forma colectiva pueda cualquier país de UNASUR defenderse contra una agresión externa o una agresión intrarregional y el tercer punto es la reducción en los gastos militares: 3% en el gasto corriente, digamos en lo que normalmente se gasta en los presupuestos para mantener las Fuerzas Armadas y una reducción del 15% en las compras de nuevos equipos.

Los dos primeros puntos de la propuesta expuesta en el párrafo anterior, ya están plenamente contemplados en otros acuerdos multilaterales donde no solo Chile y Perú han sido países signatarios, sino que también todos los países de UNASUR. Firmar un acuerdo donde los Estados se comprometen a renunciar al uso de la fuerza como medio legítimo para solucionar sus diferencias y utilizar el derecho internacional como la vía legítima, está celebrado en el Artículo 1º de la Carta de Naciones Unidas, el Artículo 2º de la Carta de la OEA y el Artículo 1º del Pacto de Bogotá.

El tercer punto -que es la innovación del acuerdo- busca limitar tanto el gasto corriente en defensa, como por ejemplo, la implementación de upgrades para los sistemas de armas ya existentes, así como limitar la compra de nuevos equipos militares. Una visión un poco irrealista para mi juicio, sobre todo si consideramos el escenario geopolítico a nivel regional y global.

Finalmente, me llamó la atención la cobertura mediática que le han hecho al nuevo impasse diplomático. Si recordamos el último impasse, que tuvo relación con la portada del diario "La Razón" (donde se le tildaba a Michelle Bachelet como conchuda) el período te tensión terminó con la no aprobación del gobierno limeño a la portada del pasquín.

Acá el tema es más complejo, porque se llamó a consultas al embajador, se cancelaron dos visitas a nivel bilateral -una entre mandatarios por cuestiones protocolares y la otra para ver el alcance del Pacto propuesto por Lima-. Se encuentran los congresistas peruanos exigiendo respuestas a Chile de un hecho que no ha podido comprobar su veracidad, mientras Ollanta Humala -candidato a la Presidencia peruana para las elecciones del 2011- pide por un lado, replantear las relaciones con nuestro país, boicotear la compra de productos chilenos comercializados en Perú y dejar sin efecto el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países.

Por lo tanto, abordar diplomáticamente el problema no es nada de fácil. Desde la demanda que puso Perú ante la Corte Internacional de Justicia por los límites marítimos, la relación se ha deteriorado notablemente. Para ello, nuestra Cancillería ha apostado por llevar "relaciones inteligentes" con nuestro vecino del norte, pero ¿las relaciones han sido realmente "inteligentes" hasta ahora? ¿Qué debería hacerse para impedir estos impasses en el futuro?. A mi juicio, las relaciones sí han sido inteligentes -al menos en su intención- ya que el flujo comercial no se ha visto mayormente afectado. Sin embargo, queda la sensación de que las relaciones están más mal que bien, porque la ciudadanía no es quien ve una normalización en el plano comercial, eso sólo lo saben los empresarios. La percepción ciudadana es que las cosas van de mal en peor. En cuanto a la segunda pregunta, poco y nada puede hacer Chile, porque siempre habrán impasses con Perú sea por lo que sea. Javier Valle-Riestra un conocido congresista peruano, ya lo ha dicho varias veces:"Chile es el enemigo natural del Perú" y en ese sentido siempre habrá motivo para un roce, sea éste de carácter diplomático o no.

En síntesis, no veo solución alguna para la homologación en defensa, porque mientras Perú pretende limitar la inversión en la compra y mantención de equipos militares, Chile quiere utilizar la estandarización para medir el gasto propuesto por la CEPAL, que exitosamente se usa en la actualidad con Argentina. Tampoco hay que descuidar que Chile y Perú utilizan métodos distintos a la hora de adquirir material bélico. Mientras Chile anuncia públicamente lo que desea adquirir -en función de lo propuesto en el Libro de la Defensa Nacional- Perú lo mantiene en reserva por "razones de seguridad". Por otro lado, la recepción de la propuesta peruana para limitar el gasto militar, es incierta en Brasil y Venezuela por lo motivos expuestos más arriba.

De todas formas, dentro de poco se instalará el tema en las próximas reuniones de UNASUR y será la mejor oportunidad para confirmar o refutar lo que he planteado en estas líneas. Veamos qué sucede en esta materia.

Las expectativas de Copenhague

El 7 de diciembre se realizará la Cumbre de Medioambiente en Copenhague, organizada por Naciones Unidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono por parte de sus Estados miembros. Esta cumbre viene a reemplazar el Protocolo de Kioto firmado en 1997 donde los Estados se comprometían a reducir estas emisiones contaminantes. Sin embargo, este último acuerdo multilateral se caracterizó por su baja eficiencia; por lo que esta nueva cumbre ha despertado muchas expectativas en una serie de movimientos pro-ambientalistas para coercionar y comprometer a los Estados con acciones más concretas para reducir los efectos del calentamiento global.

Por cierto, esto viene en momentos donde tenemos a varios países dando opiniones muy ambiguas con respecto a asumir posiciones concretas en torno a la forma y al plazo de cómo disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Ya lo había comentado en una columna anterior, cuando mencioné que el gobierno de Barack Obama había mostrado la intención de reducir sus emisiones de CO2, pero que hasta ahora no hay avances sustanciales en la materia. Por lo tanto, las acciones en materia de compromiso medioambiental -y no solamente desde Estados Unidos, sino que desde varios países del orbe- han caminado más mal que bien.

Por su parte, el viernes pasado la Unión Europea ya había ofrecido con destinar 74 mil millones de dólares a los países en desarrollo para que se adapten a las nuevas tecnologías y así logren disminuir el efecto invernadero. Así lo aseguró el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.

Por lo pronto ya hay una campaña mundial por buscar la forma de reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera que es conocida como "La campaña de los 350" (en referencia al número de partes por millón, que es la unidad de medida para determinar el grado de presencia de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre)

Con 350 ppm, se estima que se puede -al menos- detener el efecto del calentamiento global en términos de poder paliar los efectos de las sequías y las inundaciones que han sufrido una serie de países en Africa, América Central y algunos de América del Sur, como es el caso de Venezuela y Ecuador.

Actualmente, nos encontramos en una tasa de 385 ppm -que ya es considerado peligroso- y la urgencia por combatir esto, nace porque una serie de expertos en medioambiente encabezados por el científico de la NASA, James Hansen hicieron un estudio en el año 2003 donde determinaron que el incremento de partes por millón de CO2 en la atmósfera, está creciendo a una tasa cercana de 2 unidades por año.

Ello implicaría que si las cosas siguen un curso sin tomar medidas concretas para los próximos cien años, tendríamos una presencia de CO2 superior a 550 ppm, haciendo que la temperatura global aumente desde 3,5 a 4 grados. Las consecuencias serían devastadoras, ya que la presencia de hielos sería nula y el abastecimiento de recursos acuíferos se vería dramáticamente reducida, incluso en lugares como Los Andes, Los Himalayas y otras montañas rocosas que proveen de agua a cientos de millones de personas.

Lo que el grupo de expertos recomienda, es que se pretenda en un plazo de 20 a 25 años disminuir a un nivel cero, la dependencia del carbón como combustible; generar un sistema de cobranza para países con un alto índice de emisión de CO2 y mejorar las prácticas agropecuarias que utilizan combustible en sus sistemas de regadío.

Ahora bien, volviendo a la moción que proponía la Unión Europea con respecto a donar estos 74 mil millones de dólares, la organización supranacional no ha mencionado la forma, el plazo, la metodología ni cuán comprometido estará cada uno de sus Estados miembros en donar recursos para combatir estos efectos. Aunque el Acuerdo de Copenhague de diciembre sea exitoso en términos de obtener medidas concretas para reducir las emisiones de CO2, ninguno de los países miembros de la Unión Europea estará obligado a donar antes del 2013 ningún tipo de recurso económico. En buenas cuentas, lo que ofrece la Unión Europea es -hasta ahora- sólo una declaración de su voluntad para sumarse a la causa en la búsqueda de reducir el CO2 a nivel global, sin dar mayores detalles de qué, cuándo ni cómo lo hará.

Uno de los países clave que jugará en la disminución de CO2 como es de esperarse, es Estados Unidos, porque el gigante del norte es el que emite un cuarto de las emisiones a nivel mundial y que por supuesto, comprometerse a un acuerdo de esta naturaleza implicará que tenga que entrar en un gasto increíblemente alto en modificar sus tecnologías productivas que hasta ahora son dependientes en buena parte por petróleo y carbón, precisamente dos combustibles que emanan una alta cantidad de dióxido de carbono.

Por lo tanto, el gobierno de Barack Obama en diciembre tendrá una buena oportunidad para demostrar que el mandatario estadounidense es merecedor del Premio Nobel que posee. En ese sentido, el mundo tendrá sus ojos puestos en Copenhague dentro de pocas semanas para ver qué sucede en esta materia.

Pacto Tegucigalpa-San José: ¿La recta final a la crisis política hondureña?

Un hecho totalmente inédito fue el que se suscitó cuando las comisiones de Zelaya y Micheletti hablaron por fin de una solución política a la crisis del país caribeño.

Dado por la importancia de esta noticia, se hace necesario volverla a comentar, sin antes tener claro cuál o cuáles podrían ser los puntos de conflicto del nuevo acuerdo.

Por primera vez, la comisión de Roberto Micheletti habla sobre la reposición del depuesto mandatario, José Manuel Zelaya en la presidencia. Sin embargo, eso no será fácil por dos motivos, uno de los cuales, aparentemente ya ha sido solucionado.

Ese punto, es el que hace varios días se venía discutiendo entre las comisiones con respecto a cuál debería ser la forma en que -a través del diálogo- el destituído Presidente debía ocupar su cargo en el Ejecutivo. Mientras la comisión de Zelaya apostaba que el Congreso debía ser la institución encargada de dar la respuesta, la comisión del gobierno de facto postulaba que era el Poder Judicial la encargada de dar el visto bueno.

A final de cuentas, llegaron al acuerdo que será el Congreso Nacional el encargado de aprobar o rechazar una restitución de Zelaya en la presidencia, con previa consulta al Poder Judicial.

Ese es uno de los cinco puntos -más destacables a mi juicio- de un acuerdo que puede perfilarse como el definitivo para lograr una solución para el país centroamericano.

Los otros puntos, hablan evidentemente sobre la restitución de Zelaya mediante la aprobación del Legislativo; la creación de un Gobierno de Unidad Nacional que debería crearse para la próxima semana -sin dar mayores detalles sobre ello por cierto-; la derogación de las sanciones económicas internacionales para Honduras, el reconocimiento de los comicios presidenciales del 29 de noviembre y la participación de una comisión de verificación de la OEA.

A mi juicio, llama la atención el punto que habla sobre la restitución del destituido mandatario a través de la consulta al Congreso y que especialmente, cuando el mismo Zelaya defendía esta moción en contra a lo que planteaba la comisión de Micheletti que -como se dijo anteriormente- era consultarle al Poder Judicial.

Los que recuerden la votación respecto a la destitución de Zelaya, sabrán que de los 128 diputados que habían participado en la votación, 124 estuvieron a favor de destituir a Zelaya del poder, mientras que los cuatro diputados restantes, habían votado en contra de la moción.

Por esa razón me declaro escéptico con respecto a la resolución que pueda alcanzarse, especialmente si a ello le sumamos que debe haber una previa consulta al Poder Judicial, el mismo poder que respaldó la acción de los militares al sacar a Zelaya de la Presidencia, argumentándolo a través de un comunicado que decía: "El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales". En síntesis, tanto el Poder Legislativo como el Judicial, cuadran su accionar dentro del marco de legitimidad para respaldar tanto el mecanismo de destitución como el cese de las funciones constitucionales de Manuel Zelaya.

Por lo tanto, no sé en qué terminará puntualmente el acuerdo, pero viendo los precedentes, insisto que en la praxis, será inviable una restitución de "Mel". Tendremos que seguir en el palco para ver cómo se desarrolla la crisis en el país centroamericano y que francamente, esperamos que la solución llegue más temprano que tarde.

El devenir de Honduras

La crisis en Honduras está tomando un giro importante tras los últimos acuerdos -o más bien, desacuerdos- de las delegaciones del destituido mandatario José Manuel Zelaya y del gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti. Mayra Mejía - integrante del equipo de Zelaya- había declarado hace pocas horas atrás: "Damos por agotado el diálogo, no podemos seguir dando plazos".

La declaración anterior, acrecenta la incertidumbre sobre la situación en Honduras, especialmente en momentos donde las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre, son inminentes para el país caribeño.

No pretendo ahondar en las cuestiones de fondo del problema, porque para toda persona que haya seguido de cerca el conflicto del país centroamericano, ya puede sacar sus propias ideas sobre la dinámica de la crisis que -en los próximos cinco días- ya cumplirá cuatro meses de violencia. En su lugar, me propongo a esbozar cuál sería el escenario que le espera al castigado país en base a las posiciones de las partes, así como a las señales visibles desde una perspectiva politológica.

Lo primero que debemos tener en cuenta, es que el punto de mayor conflicto en la búsqueda para la solución de la crisis, pasa por el reestablecimiento de Zelaya en el poder. Esto no le ha traído un problema solo al presidente costarricense Oscar Arias -quien se ofreció como mediador para lograr un mejor entendimiento entre las partes- sino que a toda la comunidad latinoamericana que en mayor o menor medida ha buscado el reestablecimiento del destituido mandatario. Por lo tanto, el Acuerdo de San José que propuso el presidente costarricense, pese a que ha tenido avances importantes, sigue estando trabado en el tópico que trata de la restitución de Zelaya y ahí no es novedad que los intereses de las partes sean completamente contrapuestos. El hecho que Zelaya y Micheletti no den su brazo a torcer, es un hecho que no hace más que acrecentar los enfrentamientos entre el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado y las fuerzas de seguridad que custodian Tegucigalpa.

Lo segundo, es el matiz creciente que se ha venido manifestando en términos del protagonismo que ha adquirido el mencionado frente de lucha popular. Mientras en un comienzo se perfiló como un movimiento interno de lucha contra el Golpe de Estado, ha tratado de internacionalizar sus demandas con una serie de reuniones, especialmente con diputados franceses para el no reconocimiento de las elecciones de noviembre próximo. De todas formas, la comunidad internacional representada por Naciones Unidas, ya había condicionado la legitimación de las elecciones dependiendo del reestablecimiento del orden constitucional, es decir, mediante el reposicionamiento "inmediato" de Manuel Zelaya en el poder. Sin embargo, es menester resaltar la fuerza que han adquirido estas organizaciones en su condición de propagadoras de información.

Lo tercero -y más llamativo a mi juicio- es lo que Zelaya ha comentado respecto a su pretensión de volver al poder. Ahí ha dicho: "no pretendo más que cumplir con la responsabilidad del mandato que me dio el pueblo de gobernar el país cuatro años ". Los que recuerden el inicio del conflicto, saben que la motivación a que los militares sacaran a Zelaya del poder, fue la creación de la cuarta urna, donde se hacía una consulta para llamar a una Asamblea Constituyente con la finalidad de permitir la reelección. Los que estudiamos la política, sabemos que tanto en la vida como en el ejercicio del poder, nada se hace gratis y por lo tanto, es ingenuo imaginar que sólo se pretendía saber la opinión de los hondureños. Eso fue lo que generó todo el conflicto al estar en directa contraposición con la Carta Magna que en su artículo cuatro declara que "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, es obligatoria. La infracción de esta norma, constituye un acto de traición a la Patria".

Lo que hay que tener claro respecto a lo anterior, es que aún habiendo un acto de traición a la Patria, el depuesto mandatario debía ser juzgado por los canales jurídicos pertinentes y no haber sido desalojado violentamente de su residencia con las consecuencias que todos conocemos.

En suma, ambas partes cayeron en un error y ninguna de ellas lo reconoce. Lo que sí todos los que observamos atentamente la evolución del conflicto reconocemos, es que estamos lejos de conseguir una solución que beneficie al pueblo hondureño, que ha sido el más perjudicado con toda la crisis.

En conclusión ¿Qué nos espera en Honduras?.

A mi juicio, las partes seguirán con una negociación infructuosa en su parte más conflictiva, las elecciones del 29 de noviembre se realizarán con la pérdida de legitimidad que constatarán diversos bloques regionales y otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Micheletti, le dará el poder a un sucesor de elecciones "viciadas" -como lo dirán algunos- y en síntesis, las expectativas de inversión en Honduras, se reducirán a niveles críticos. El nuevo mandatario será acosado internacionalmente y la percepción de inseguridad en el pueblo hondureño no cesará, primero porque las manifestaciones se mantendrán y segundo, porque habrán menos inversiones para el desarrollo del país, lo que traerá un mayor índice de cesantía y pobreza. Los informes que haga Naciones Unidas en su próxima emisión del Indice de Desarrollo Humano, serán cruciales para poder hacer un antes y un después de esta trágica crisis política.

De todas formas, queda un poco más de un mes antes de las elecciones presidenciales para ver las declaraciones cruzadas entre las partes, sin llegar a un acuerdo concreto. En esto último, francamente espero equivocarme, pero viendo como se han dado las cosas, se ve bastante difícil una restitución de Zelaya en la presidencia.

El antichilenismo en los medios de comunicación

Si hay un hecho que ha marcado negativamente las ya frágiles relaciones chileno-peruanas, fue el que se suscitó ayer sábado 17 del presente, cuando el Diario La Razón -de destacada tendencia antichilena- puso en su portada una imagen de la Presidenta Michelle Bachellet con el mensaje "Bachellet conchuda".

En el país del norte, una persona "conchuda" es sinónimo de una persona "aprovechadora" o "manipuladora", mientras que el diccionario de la RAE, la define como una persona "sinverguenza" o "caradura".

Estas denominaciones -a lo menos- nos sorprende, no solo porque se ofende abiertamente a una Jefa de Estado, sino porque en el país del Rímac, no hay una editorial capaz de pensar centradamente en un titular más moderado, sobre todo en momentos donde las relaciones bilaterales ya estaban complicadas por el ejercicio "Salitre 2009" que comenzará mañana lunes en el norte de nuestro país.

Mientras tanto, Perú en la búsqueda de ponerle paños fríos a la situación tras las peticiones de La Moneda al gobierno de Alan García de rechazar esas declaraciones, su canciller José Antonio García Belaúnde manifestó que "le indigna y que rechazaba categóricamente" el titular del diario limeño.

Pese a todo, hay que entender que en las democracias modernas, los medios de comunicación tienden a ser de una linea bastante diversa y por lo tanto, todos se encuentran bajo el alero de la libertad de expresión. En ese sentido, parece lógico que un diario de la linea política que sea, sea autónomo para publicar las noticias en función de su lógica visionaria.

No obstante, un medio de comunicación también debe estar sujeto a la coyuntura política de país y si en estos momentos, las relaciones bilaterales pasan por una situación frágil en medio del litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia, debe existir una racionalización en términos de lo que uno u otro medio pretenda plasmar ante la opinión pública.

El tema en sí, es bastante complejo porque el diario "La Razón" -que de "razón" tiene bastante poco- es de tendencia fujimorista, se cuadra con una sección de la población que es duramente revanchista ante Chile y que tienen la plena convicción de recuperar los territorios -que ellos reconocen como territorios 'cautivos'- en Arica y Tarapacá junto con la porción de mar en disputa, que ellos reconocen como el "Mar de Grau", en referencia a Miguel Grau, uno de los héroes peruanos que combatieron en la Guerra del Pacífico.

Para ello, el diario sigue una lógica de ensuciar el nombre de Chile. Mientras a los ciudadanos chilenos los tildan burdamente de 'mapochos' o 'mapochinos' -por la antigua dependencia de vivir de las aguas del Río Mapocho para el regadío- los hechos especialmente de relevancia bilateral, son comentados por miembros en retiro de sus Fuerzas Armadas o ex Cancilleres de destacada tendencia antichilena.

Tan solo uno de los ejemplos de la lógica de este diario, es lo que en febrero de este año comentó el ex Comandante en Jefe del Ejército Peruano, José Graham al ser consultado por la decisión de su país de adquirir mil misiles Spike y Kornet a Israel y Rusia, respectivamente. Al respecto declaró: "Nuestro país debe prepararse política y militarmente para enfrentar un eventual conflicto bélico con Chile".

Cabe destacar que declaraciones de esa naturaleza, son una constante en ese diario, de manera que la opinión peruana que sigue de cerca ese medio informativo, tiene la total convicción de ir a la guerra cuando las condiciones militares así lo permitan.

Por decir lo menos, es preocupante que según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de los cinco candidatos con posibilidades serias de llegar a la presidencia del Perú el 2011, Luis Castañeda (23%), Keiko Fujimori (19%), Lourdes Flores (12%), Alejandro Toledo (11%) y el lider nacionalista, Ollanta Humala (7%), les puedo constatar que tres son de tendencia antichilena, los cuales son Keiko Fujimori, en donde su familia se ha caracterizado por estar cercana al sector más conservador y revanchista de las Fuerzas Armadas -y al que precisamente el Diario "La Razón" sigue-; Alejandro Toledo, que es miembro del partido político "Perú Posible". Este mismo partido fue uno de los cuatro partidos políticos peruanos que criticó el hecho que el Canciller Peruano declarara su "indigación" frente al titular del diario que estamos revisando. Y finalmente Ollanta Humala, un lider al que no se necesita hacer más hincapié de lo que pretende hacer en un caso de su eventual gobierno. En rigor, expulsar las inversiones chilenas y rearmar rápidamente al Ejército bajó una lógica disuasiva en torno a Chile.

El clima que nos espera internacionalmente en La Haya no se ve nada alentador cuando hay medios que en el frente interno incitan a estas acciones de escaramuzas sociales y diplomáticas con nuestro país, ya sea por la demanda marítima, por las acusaciones de armamentismo, por la negativa de la Cancillería de suscribir el pacto de no agresión con Perú o bien, por las nomenclaturas que se le den a los ejercicios militares chilenos. Está claro que esta no es la primera, pero tampoco será la última noticia al respecto que veremos en este tipo de medios peruanos.

Por otro lado, el clima electoral que se ve en Perú, puede verse perjudicial en las relaciones chileno-peruanas, por el sencillo hecho que la hija de Alberto Fujimori, se vea con buenas posibilidades de acceder a la presidencia de su país. En sus círculos internos, no será novedad que esté rodeada y asesorada de muchos Donayres, Graham y otros cuantos militares en retiro cercanos a su padre. Si fuera así, entonces lo peor de las relaciones diplomáticas está por venir, porque aparte de la elección presidencial en sí, la resolución de La Haya vendrá cuando el nuevo mandatario o mandataria del Perú esté en el sillón presidencial.