Un hecho totalmente inédito fue el que se suscitó cuando las comisiones de Zelaya y Micheletti hablaron por fin de una solución política a la crisis del país caribeño.
Dado por la importancia de esta noticia, se hace necesario volverla a comentar, sin antes tener claro cuál o cuáles podrían ser los puntos de conflicto del nuevo acuerdo.
Por primera vez, la comisión de Roberto Micheletti habla sobre la reposición del depuesto mandatario, José Manuel Zelaya en la presidencia. Sin embargo, eso no será fácil por dos motivos, uno de los cuales, aparentemente ya ha sido solucionado.
Ese punto, es el que hace varios días se venía discutiendo entre las comisiones con respecto a cuál debería ser la forma en que -a través del diálogo- el destituído Presidente debía ocupar su cargo en el Ejecutivo. Mientras la comisión de Zelaya apostaba que el Congreso debía ser la institución encargada de dar la respuesta, la comisión del gobierno de facto postulaba que era el Poder Judicial la encargada de dar el visto bueno.
A final de cuentas, llegaron al acuerdo que será el Congreso Nacional el encargado de aprobar o rechazar una restitución de Zelaya en la presidencia, con previa consulta al Poder Judicial.
Ese es uno de los cinco puntos -más destacables a mi juicio- de un acuerdo que puede perfilarse como el definitivo para lograr una solución para el país centroamericano.
Los otros puntos, hablan evidentemente sobre la restitución de Zelaya mediante la aprobación del Legislativo; la creación de un Gobierno de Unidad Nacional que debería crearse para la próxima semana -sin dar mayores detalles sobre ello por cierto-; la derogación de las sanciones económicas internacionales para Honduras, el reconocimiento de los comicios presidenciales del 29 de noviembre y la participación de una comisión de verificación de la OEA.
A mi juicio, llama la atención el punto que habla sobre la restitución del destituido mandatario a través de la consulta al Congreso y que especialmente, cuando el mismo Zelaya defendía esta moción en contra a lo que planteaba la comisión de Micheletti que -como se dijo anteriormente- era consultarle al Poder Judicial.
Los que recuerden la votación respecto a la destitución de Zelaya, sabrán que de los 128 diputados que habían participado en la votación, 124 estuvieron a favor de destituir a Zelaya del poder, mientras que los cuatro diputados restantes, habían votado en contra de la moción.
Por esa razón me declaro escéptico con respecto a la resolución que pueda alcanzarse, especialmente si a ello le sumamos que debe haber una previa consulta al Poder Judicial, el mismo poder que respaldó la acción de los militares al sacar a Zelaya de la Presidencia, argumentándolo a través de un comunicado que decía: "El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales". En síntesis, tanto el Poder Legislativo como el Judicial, cuadran su accionar dentro del marco de legitimidad para respaldar tanto el mecanismo de destitución como el cese de las funciones constitucionales de Manuel Zelaya.
Por lo tanto, no sé en qué terminará puntualmente el acuerdo, pero viendo los precedentes, insisto que en la praxis, será inviable una restitución de "Mel". Tendremos que seguir en el palco para ver cómo se desarrolla la crisis en el país centroamericano y que francamente, esperamos que la solución llegue más temprano que tarde.
Dado por la importancia de esta noticia, se hace necesario volverla a comentar, sin antes tener claro cuál o cuáles podrían ser los puntos de conflicto del nuevo acuerdo.
Por primera vez, la comisión de Roberto Micheletti habla sobre la reposición del depuesto mandatario, José Manuel Zelaya en la presidencia. Sin embargo, eso no será fácil por dos motivos, uno de los cuales, aparentemente ya ha sido solucionado.
Ese punto, es el que hace varios días se venía discutiendo entre las comisiones con respecto a cuál debería ser la forma en que -a través del diálogo- el destituído Presidente debía ocupar su cargo en el Ejecutivo. Mientras la comisión de Zelaya apostaba que el Congreso debía ser la institución encargada de dar la respuesta, la comisión del gobierno de facto postulaba que era el Poder Judicial la encargada de dar el visto bueno.
A final de cuentas, llegaron al acuerdo que será el Congreso Nacional el encargado de aprobar o rechazar una restitución de Zelaya en la presidencia, con previa consulta al Poder Judicial.
Ese es uno de los cinco puntos -más destacables a mi juicio- de un acuerdo que puede perfilarse como el definitivo para lograr una solución para el país centroamericano.
Los otros puntos, hablan evidentemente sobre la restitución de Zelaya mediante la aprobación del Legislativo; la creación de un Gobierno de Unidad Nacional que debería crearse para la próxima semana -sin dar mayores detalles sobre ello por cierto-; la derogación de las sanciones económicas internacionales para Honduras, el reconocimiento de los comicios presidenciales del 29 de noviembre y la participación de una comisión de verificación de la OEA.
A mi juicio, llama la atención el punto que habla sobre la restitución del destituido mandatario a través de la consulta al Congreso y que especialmente, cuando el mismo Zelaya defendía esta moción en contra a lo que planteaba la comisión de Micheletti que -como se dijo anteriormente- era consultarle al Poder Judicial.
Los que recuerden la votación respecto a la destitución de Zelaya, sabrán que de los 128 diputados que habían participado en la votación, 124 estuvieron a favor de destituir a Zelaya del poder, mientras que los cuatro diputados restantes, habían votado en contra de la moción.
Por esa razón me declaro escéptico con respecto a la resolución que pueda alcanzarse, especialmente si a ello le sumamos que debe haber una previa consulta al Poder Judicial, el mismo poder que respaldó la acción de los militares al sacar a Zelaya de la Presidencia, argumentándolo a través de un comunicado que decía: "El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales". En síntesis, tanto el Poder Legislativo como el Judicial, cuadran su accionar dentro del marco de legitimidad para respaldar tanto el mecanismo de destitución como el cese de las funciones constitucionales de Manuel Zelaya.
Por lo tanto, no sé en qué terminará puntualmente el acuerdo, pero viendo los precedentes, insisto que en la praxis, será inviable una restitución de "Mel". Tendremos que seguir en el palco para ver cómo se desarrolla la crisis en el país centroamericano y que francamente, esperamos que la solución llegue más temprano que tarde.
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