Difícilmente era imaginable que a poco más de un año trascurrido de la violencia política y social vivida en Honduras, pensáramos que el pasado 30 de septiembre, Ecuador viviría en carne propia un fenómeno de insospechadas conscuencias políticas, sociales, regionales e internacionales.
En la ocasión, Ecuador experimentó la sublevación de parte de la Polícia Nacional y de parte de efectivos de sus FFAA en contra de una medida tomada por el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, donde anunciaba un recorte salarial para estos departamentos y así, "homologar los salarios de los servidores públicos". Claramente esta medida fue rechazada por un sector de las fuerzas de orden, desatando un verdadero caos en aquél día. Según los últimos reportes, el saldo total de victimas fatales queda en ocho personas mientras que la cifra de heridos se sitúa en 278.
Lo primero que deberíamos tener en cuenta, es definir este complejo fenómeno en Ecuador. Debido a la exaltación política y a la violencia que generó este hecho, en los principales medios de comunicación no pocos se aventuraron en definirlo como un "Golpe de Estado". Pues bien, lo que plantearemos aquí es definir básicamente lo sucedido en Ecuador y para ello realizaremos una comparación con el Golpe de Estado sufrido en Honduras para sostener que lo vivido en Quito -si bien fue lamentable- en rigor, no obedece a las características formales de un Golpe de Estado. Posteriormente, haremos una breve revisión de las consecuencias políticas e internacionales de este hecho en particular. Finalmente, se plantearán algunas apreciaciones sobre las dudas que en términos regionales han despertado este fenómeno y si estamos actuando bien tanto institucional como conjuntamente para revertir estos lamentables fenómenos políticos.
Si bien el término de Golpe de Estado o "Coup d'etat", se derivó durante el siglo XVIII en Francia para hacer referencia a las medidas violentas y repentinas de la era monárquica, la definición de este concepto para los siglos venideros ha resultado bastante más complejo para las variadas corrientes de pensamiento al interior de la Ciencia Política. Gracias a la contínua difusión de textos e información aún más amplia que se ha profundizado en los últimos años gracias a medios como internet, podríamos pensar que la adaptación de estos conceptos han sido mejor recibidos por la opinión pública, facilitando así la identificación de estos hechos. Esto no necesariamente ha sido así. Debido a que en el caso del internet, prácticamente no hay barreras que limiten la expresión, hay una enorme terminología de lo que es o podría ser un Golpe de Estado. Es evidente entonces que esto ha generado una confusión bastante amplia dentro de la opinión pública y especialmente en disciplinas como la Ciencia Política, definir este complejo concepto resulta fundamental. Dado que el cientista político debe identificar, discriminar y analizar los fenómenos políticos, nos centraremos en determinar que a nuestro juicio la definición más ad hoc para el Golpe de Estado, es la esbozada por Julio Casares para el Diccionario Ideológico de la lengua española, quien dio una definición muy sencilla y acotada de lo que en rigor debería ser un Golpe de Estado. Pues bien, al respecto el autor define al Golpe de Estado básicamente como "una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro". En otras palabras, el Golpe de Estado apunta a la destitución violenta de uno de los poderes del Estado, cuando es ejecutado o planificado por otro, con la finalidad de tomarse atribuciones que anteriormente no le eran propias.
Lo ocurrido en Ecuador difícilmente encaje en una definición como la anterior. La violencia vivida en ese país -si bien a todas luces fue preocupante- obedecía a una sublevación interna como producto del malestar generado en los sectores más radicalizados de las fuerzas de la policía y/o militares más que a la voluntad explícita de ostentar el poder político. La violencia tampoco nació desde otros poderes del Estado, ya que ni el Congreso ni el Poder Judicial avaló esta medida de los rebeldes. Lo cierto es que por ahora, el conflicto por muy difuso que se vea -y se siga viendo en los próximas días- no podemos tildarlo como Golpe de Estado.
Siguiendo la misma definición que esbozamos anteriormente, podemos ver que en el caso hondureño sí ocurrió un Golpe de Estado, ya que como podemos recordar, el ex Presidente Manuel Zelaya fue destituido manu militari de sus atribuciones constitucionales luego de que éste anunciara su intención de instalar la "cuarta urna" para optar a un referéndun revocatorio donde se optara por la reelección presidencial. En ese entonces, el Congreso y el Poder Judicial -al manifestar su negativa ante esa iniciativa- dedicieron activar a las Fuerzas Armadas para que hicieran respetar la Constitución. En conclusión, lo sucedido en Honduras sí fue un Golpe de Estado, ya que efectivamente los poderes del Estado entraron en una disputa que terminó por sacar a Zelaya del poder, haciendo que Roberto Micheletti -hasta entonces, el Presidente del Congreso- asumiera la presidencia interina hasta que Porfirio Lobo fuese electo en los comicios del pasado mes de enero.
Ahora bien, en cuanto a las consecuencias políticas, regionales e internacionales que ha desatado este fenómeno, podemos mencionar lo siguiente. En las reuniones de emergencia convocadas por la Organización de Estados Americanos, se apreció el sentir general de nuestra región en términos de respetar la institucionalidad y rechazar estas prácticas contra el orden interno. Sin embargo, tenemos deudas pendientes y que no han sido parte real del debate regional. La calidad de la democracia dentro de nuestros países se ve afectada frente a la dicotomía con la soberanía del Estado. Al parecer, en las últimas reuniones que fueron objeto de la UNASUR y la OEA, pareció ser más importante abordar otros temas, como el armamentismo regional y la cooperación energética, dejando absolutamente de lado conflictos aún más latentes como velar por la defensa de la institucionalidad y la calidad de la democracia en nuestros países. Resulta llamativo especialmente después de haber vivido fenómenos como la violencia política en Bolivia o el Golpe de Estado en Honduras. Con todo, esto no fue suficiente para ser prioridad en materia regional. Con lo vivido ahora en Ecuador, sería interesante preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas dentro de nuestra región. ¿Cuáles son nuestras reales prioridades? ¿Qué estamos haciendo mal como región? ¿Los tópicos en las reuniones de la OEA y la UNASUR realmente satisfacen nuestras prioridades regionales?
"El jueves negro" -como quedará recordado desde ahora aquella fatídica jornada del 30 de septiembre en Ecuador- nos debiera hacer un llamado a repensar nuestras prioridades regionales. No tendrá el mismo efecto político hacer una reunión de emergencia en la OEA para rechazar prácticas como las que se vivieron ese día a una reunión para velar por las calidades de nuestras democracias y a fomentar una verdadera defensa de los principios que amparamos como región. Cuando en foros internacionales se hablaba de que los mecanismos de alerta temprana para prevenir hechos de violencia política son absolutamente inoperantes, precisamente se apuntaba a estos factores; de modo que no estamos haciendo caso de hechos que lastimosamente parecen ser cada vez más "normales" en Latinoamérica. Esperemos que en las próximas semanas -pese a la violencia vivida en Ecuador- pueda persistir en nuestra región un debate real sobre los aciertos y errores que estamos cometiendo.
En la ocasión, Ecuador experimentó la sublevación de parte de la Polícia Nacional y de parte de efectivos de sus FFAA en contra de una medida tomada por el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, donde anunciaba un recorte salarial para estos departamentos y así, "homologar los salarios de los servidores públicos". Claramente esta medida fue rechazada por un sector de las fuerzas de orden, desatando un verdadero caos en aquél día. Según los últimos reportes, el saldo total de victimas fatales queda en ocho personas mientras que la cifra de heridos se sitúa en 278.
Lo primero que deberíamos tener en cuenta, es definir este complejo fenómeno en Ecuador. Debido a la exaltación política y a la violencia que generó este hecho, en los principales medios de comunicación no pocos se aventuraron en definirlo como un "Golpe de Estado". Pues bien, lo que plantearemos aquí es definir básicamente lo sucedido en Ecuador y para ello realizaremos una comparación con el Golpe de Estado sufrido en Honduras para sostener que lo vivido en Quito -si bien fue lamentable- en rigor, no obedece a las características formales de un Golpe de Estado. Posteriormente, haremos una breve revisión de las consecuencias políticas e internacionales de este hecho en particular. Finalmente, se plantearán algunas apreciaciones sobre las dudas que en términos regionales han despertado este fenómeno y si estamos actuando bien tanto institucional como conjuntamente para revertir estos lamentables fenómenos políticos.
Si bien el término de Golpe de Estado o "Coup d'etat", se derivó durante el siglo XVIII en Francia para hacer referencia a las medidas violentas y repentinas de la era monárquica, la definición de este concepto para los siglos venideros ha resultado bastante más complejo para las variadas corrientes de pensamiento al interior de la Ciencia Política. Gracias a la contínua difusión de textos e información aún más amplia que se ha profundizado en los últimos años gracias a medios como internet, podríamos pensar que la adaptación de estos conceptos han sido mejor recibidos por la opinión pública, facilitando así la identificación de estos hechos. Esto no necesariamente ha sido así. Debido a que en el caso del internet, prácticamente no hay barreras que limiten la expresión, hay una enorme terminología de lo que es o podría ser un Golpe de Estado. Es evidente entonces que esto ha generado una confusión bastante amplia dentro de la opinión pública y especialmente en disciplinas como la Ciencia Política, definir este complejo concepto resulta fundamental. Dado que el cientista político debe identificar, discriminar y analizar los fenómenos políticos, nos centraremos en determinar que a nuestro juicio la definición más ad hoc para el Golpe de Estado, es la esbozada por Julio Casares para el Diccionario Ideológico de la lengua española, quien dio una definición muy sencilla y acotada de lo que en rigor debería ser un Golpe de Estado. Pues bien, al respecto el autor define al Golpe de Estado básicamente como "una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro". En otras palabras, el Golpe de Estado apunta a la destitución violenta de uno de los poderes del Estado, cuando es ejecutado o planificado por otro, con la finalidad de tomarse atribuciones que anteriormente no le eran propias.
Lo ocurrido en Ecuador difícilmente encaje en una definición como la anterior. La violencia vivida en ese país -si bien a todas luces fue preocupante- obedecía a una sublevación interna como producto del malestar generado en los sectores más radicalizados de las fuerzas de la policía y/o militares más que a la voluntad explícita de ostentar el poder político. La violencia tampoco nació desde otros poderes del Estado, ya que ni el Congreso ni el Poder Judicial avaló esta medida de los rebeldes. Lo cierto es que por ahora, el conflicto por muy difuso que se vea -y se siga viendo en los próximas días- no podemos tildarlo como Golpe de Estado.
Siguiendo la misma definición que esbozamos anteriormente, podemos ver que en el caso hondureño sí ocurrió un Golpe de Estado, ya que como podemos recordar, el ex Presidente Manuel Zelaya fue destituido manu militari de sus atribuciones constitucionales luego de que éste anunciara su intención de instalar la "cuarta urna" para optar a un referéndun revocatorio donde se optara por la reelección presidencial. En ese entonces, el Congreso y el Poder Judicial -al manifestar su negativa ante esa iniciativa- dedicieron activar a las Fuerzas Armadas para que hicieran respetar la Constitución. En conclusión, lo sucedido en Honduras sí fue un Golpe de Estado, ya que efectivamente los poderes del Estado entraron en una disputa que terminó por sacar a Zelaya del poder, haciendo que Roberto Micheletti -hasta entonces, el Presidente del Congreso- asumiera la presidencia interina hasta que Porfirio Lobo fuese electo en los comicios del pasado mes de enero.
Ahora bien, en cuanto a las consecuencias políticas, regionales e internacionales que ha desatado este fenómeno, podemos mencionar lo siguiente. En las reuniones de emergencia convocadas por la Organización de Estados Americanos, se apreció el sentir general de nuestra región en términos de respetar la institucionalidad y rechazar estas prácticas contra el orden interno. Sin embargo, tenemos deudas pendientes y que no han sido parte real del debate regional. La calidad de la democracia dentro de nuestros países se ve afectada frente a la dicotomía con la soberanía del Estado. Al parecer, en las últimas reuniones que fueron objeto de la UNASUR y la OEA, pareció ser más importante abordar otros temas, como el armamentismo regional y la cooperación energética, dejando absolutamente de lado conflictos aún más latentes como velar por la defensa de la institucionalidad y la calidad de la democracia en nuestros países. Resulta llamativo especialmente después de haber vivido fenómenos como la violencia política en Bolivia o el Golpe de Estado en Honduras. Con todo, esto no fue suficiente para ser prioridad en materia regional. Con lo vivido ahora en Ecuador, sería interesante preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas dentro de nuestra región. ¿Cuáles son nuestras reales prioridades? ¿Qué estamos haciendo mal como región? ¿Los tópicos en las reuniones de la OEA y la UNASUR realmente satisfacen nuestras prioridades regionales?
"El jueves negro" -como quedará recordado desde ahora aquella fatídica jornada del 30 de septiembre en Ecuador- nos debiera hacer un llamado a repensar nuestras prioridades regionales. No tendrá el mismo efecto político hacer una reunión de emergencia en la OEA para rechazar prácticas como las que se vivieron ese día a una reunión para velar por las calidades de nuestras democracias y a fomentar una verdadera defensa de los principios que amparamos como región. Cuando en foros internacionales se hablaba de que los mecanismos de alerta temprana para prevenir hechos de violencia política son absolutamente inoperantes, precisamente se apuntaba a estos factores; de modo que no estamos haciendo caso de hechos que lastimosamente parecen ser cada vez más "normales" en Latinoamérica. Esperemos que en las próximas semanas -pese a la violencia vivida en Ecuador- pueda persistir en nuestra región un debate real sobre los aciertos y errores que estamos cometiendo.
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