Cuando en enero del 2010 habíamos comentado en una columna anterior que nuestra Cancillería actual iba a tener que enfrentar un complejo escenario en sus relaciones bilaterales con Bolivia, era porque ya habíamos advertido que nuestras Cancillerías anteriores distaron mucho de trabajar una "diplomacia preventiva" con el gobierno de Evo Morales. La falta de realismo con que se manejó la aspiración marítima boliviana ha condensado durante la administración de Piñera. Tarde o temprano ocurriría esto último.
Hace ya unos días atrás, se ha configurado una áspera relación entre los gobiernos de Santiago y La Paz a propósito de la detención de catorce militares bolivianos en territorio fronterizo, los cuales fueron interceptados a bordo de dos vehículos con patente chilena y que transportaban armamento de guerra. Según las declaraciones del gobierno boliviano, los militares abordaban estos vehículos ya que "fueron confiscados a contrabandistas bolivianos". El gobierno chileno finalmente optó por devolver a estos efectivos a su país de origen. Luego, el gobierno de Morales -a través de su Ministra de Defensa, Cecilia Chacón- acusaba a las autoridades chilenas de que sus efectivos militares durante el proceso de detención "recibieron un trato inhumano". Chile desestimó estas acusaciones y Evo Morales hace unos días, condecoró y ascendió a los catorce militares detenidos en Chile, lo que fue interpretado por parlamentarios nacionales de diversas bancadas como una "provocación". Con este panorama, las relaciones chileno-bolivianas sufren un revés que probablemente repercutirá la agenda de trece puntos y por ende, en la precariedad con las que ya se abordaban las relaciones bilaterales con el país altiplánico.
Sin embargo, debemos hacer una lectura de este incidente que obedece al trasfondo del problema, al cual tampoco se le ha prestado atención, ya que las energías de las autoridades y de los parlamentarios chilenos que acusan esta "provocación", se están centrando más en el problema de forma que en el de fondo. Hace unos días atrás, cuando el Vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde manifestaba que "posiblemente los efectivos hayan traspasado la frontera donde no hay claridad en los límites fronterizos" se está dejando claro que el incidente tiene un trasfondo que tiene que ver con la posibilidad de instalar una demanda internacional contra Chile al no existir precisamente una "claridad" -bajo la lógica de Bolivia- en este aspecto; sumando por supuesto, la tradicional aspiración marítima. En todo caso, en una columna anterior escrita en enero de este año, también ya habíamos tratado esa posibilidad en vista de lo que propone la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana.
Lo cierto es que desde La Paz se han enviado durante el año en curso una serie de señales que apuntan a endurecer o plantear una postura más confrontacional en la relación con Chile. Una de esas señales concretas fue la asignación como Cónsul boliviano al General (R) Ramiro de La Fuente, quien fue ex Comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas. Otra señal interesante, fue nombrar a Rubén Defensa, quien ostentó el cargo de Ministro de Defensa y quien actualmente es el responsable de la "Dirección de Reivindicación Marítima", órgano de la Cancillería boliviana responsable de coordinar el trabajo jurídico en torno a esa aspiración. Por otro lado, llama la atención que en las últimas semanas, el discurso de Morales -cada vez que se trata la reivindicación marítima- sea dentro de un entorno castrense. Tampoco podemos olvidar que en abril de este año, Morales le hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas a "profundizar estudios sobre los tratados, límites y paralelos con Chile para contribuir a la estrategia de la demanda marítima boliviana". En definitiva, Morales apunta a que los organismos castrenses de ese país asuman un papel que hasta hace poco no tenían: contar con presencia -en servicio activo o no- en importantes cargos diplomáticos en la relación con Chile por un lado, y por otro, que asuman una contribución institucional en lo que se refiere a gestar una eventual demanda ante tribunales internacionales. Esa es la señal de fondo que la clase política chilena debiera tomar en cuenta. Sería un error gastar esfuerzos en responder a la condecoración de los militares bolivianos, cuando hay señales mucho más serias que son el trasfondo de este problema.
Ante esto, ya difícilmente la Cancillería chilena pueda tomar un papel de diplomacia preventiva. Sin ninguna duda, la actual administración del Edificio Carrera tendrá que hacer frente a un complejo escenario que -para bien o para mal- heredó tras años de negociaciones infructuosas. El costo de asumir un discurso más realista por parte de la administración de Piñera, repercutió en lo que de alguna forma todos sabíamos, pero que nadie quería asumir: el endurecimiento no solo en el discurso de Morales, sino que en toda una transformación en la forma de enfrentar la aspiración marítima, donde se hace responsable al aparataje estatal, a instituciones universitarias, organizaciones sociales y al estamento militar. En suma, todo esto ha hecho que la diplomacia actual de Morales sea mucho más ligada a lo que durante el siglo XX conocimos como la real politik, la política en su dimensión más pura y dura basada en los intereses nacionales que en lugar de seguir principios éticos. De ahí que sea entendible el contínuo acercamiento de Morales a los estamentos castrenses.
Creemos que la inminencia de una segunda demanda ante tribunales internacionales es sólo cuestión de tiempo. Al menos desde La Paz se tiene toda la voluntad de esgrimir un caso judicial. Lo interesante de todo esto, es que quizás el tiempo que se demore en hacer pública la demanda en contra de Chile sea más corto del que se piensa, debido a que -a diferencia de la administración saliente de Alan García en Perú- Ollanta Humala ha reconocido "no ser un obstáculo" para la reivindicación marítima ya que "entiende" que la solución más probable, es dar una salida a Bolivia por el norte de Arica. Algo así no se manejó con tanto realismo durante la administración de García, lo que puede ser el resultado de que el anuncio de hacer pública la puesta en marcha de una nueva demanda ante tribunales internacionales por parte de Bolivia, no será necesariamente hasta que se dé solución al litigio marítimo entre Chile y Perú, puede ser perfectamente antes y de hecho, creemos que es el escenario más probable.
Así las cosas, habrá que mirar con atención cómo siga evolucionando este impasse, que ya arrastra una seguidilla de declaraciones de autoridades chilenas y bolivianas. Al menos así se ha (mal) entendido este problema, pero no olvidemos qué señales hay detrás de esas declaraciones. Eso debe ser observado con atención en la Cancillería chilena, ya que en la política internacional no solo importan los hechos, también las señales y percepciones que hay detrás.
Hace ya unos días atrás, se ha configurado una áspera relación entre los gobiernos de Santiago y La Paz a propósito de la detención de catorce militares bolivianos en territorio fronterizo, los cuales fueron interceptados a bordo de dos vehículos con patente chilena y que transportaban armamento de guerra. Según las declaraciones del gobierno boliviano, los militares abordaban estos vehículos ya que "fueron confiscados a contrabandistas bolivianos". El gobierno chileno finalmente optó por devolver a estos efectivos a su país de origen. Luego, el gobierno de Morales -a través de su Ministra de Defensa, Cecilia Chacón- acusaba a las autoridades chilenas de que sus efectivos militares durante el proceso de detención "recibieron un trato inhumano". Chile desestimó estas acusaciones y Evo Morales hace unos días, condecoró y ascendió a los catorce militares detenidos en Chile, lo que fue interpretado por parlamentarios nacionales de diversas bancadas como una "provocación". Con este panorama, las relaciones chileno-bolivianas sufren un revés que probablemente repercutirá la agenda de trece puntos y por ende, en la precariedad con las que ya se abordaban las relaciones bilaterales con el país altiplánico.
Sin embargo, debemos hacer una lectura de este incidente que obedece al trasfondo del problema, al cual tampoco se le ha prestado atención, ya que las energías de las autoridades y de los parlamentarios chilenos que acusan esta "provocación", se están centrando más en el problema de forma que en el de fondo. Hace unos días atrás, cuando el Vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde manifestaba que "posiblemente los efectivos hayan traspasado la frontera donde no hay claridad en los límites fronterizos" se está dejando claro que el incidente tiene un trasfondo que tiene que ver con la posibilidad de instalar una demanda internacional contra Chile al no existir precisamente una "claridad" -bajo la lógica de Bolivia- en este aspecto; sumando por supuesto, la tradicional aspiración marítima. En todo caso, en una columna anterior escrita en enero de este año, también ya habíamos tratado esa posibilidad en vista de lo que propone la novena disposición transitoria de la Carta Magna boliviana.
Lo cierto es que desde La Paz se han enviado durante el año en curso una serie de señales que apuntan a endurecer o plantear una postura más confrontacional en la relación con Chile. Una de esas señales concretas fue la asignación como Cónsul boliviano al General (R) Ramiro de La Fuente, quien fue ex Comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas. Otra señal interesante, fue nombrar a Rubén Defensa, quien ostentó el cargo de Ministro de Defensa y quien actualmente es el responsable de la "Dirección de Reivindicación Marítima", órgano de la Cancillería boliviana responsable de coordinar el trabajo jurídico en torno a esa aspiración. Por otro lado, llama la atención que en las últimas semanas, el discurso de Morales -cada vez que se trata la reivindicación marítima- sea dentro de un entorno castrense. Tampoco podemos olvidar que en abril de este año, Morales le hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas a "profundizar estudios sobre los tratados, límites y paralelos con Chile para contribuir a la estrategia de la demanda marítima boliviana". En definitiva, Morales apunta a que los organismos castrenses de ese país asuman un papel que hasta hace poco no tenían: contar con presencia -en servicio activo o no- en importantes cargos diplomáticos en la relación con Chile por un lado, y por otro, que asuman una contribución institucional en lo que se refiere a gestar una eventual demanda ante tribunales internacionales. Esa es la señal de fondo que la clase política chilena debiera tomar en cuenta. Sería un error gastar esfuerzos en responder a la condecoración de los militares bolivianos, cuando hay señales mucho más serias que son el trasfondo de este problema.
Ante esto, ya difícilmente la Cancillería chilena pueda tomar un papel de diplomacia preventiva. Sin ninguna duda, la actual administración del Edificio Carrera tendrá que hacer frente a un complejo escenario que -para bien o para mal- heredó tras años de negociaciones infructuosas. El costo de asumir un discurso más realista por parte de la administración de Piñera, repercutió en lo que de alguna forma todos sabíamos, pero que nadie quería asumir: el endurecimiento no solo en el discurso de Morales, sino que en toda una transformación en la forma de enfrentar la aspiración marítima, donde se hace responsable al aparataje estatal, a instituciones universitarias, organizaciones sociales y al estamento militar. En suma, todo esto ha hecho que la diplomacia actual de Morales sea mucho más ligada a lo que durante el siglo XX conocimos como la real politik, la política en su dimensión más pura y dura basada en los intereses nacionales que en lugar de seguir principios éticos. De ahí que sea entendible el contínuo acercamiento de Morales a los estamentos castrenses.
Creemos que la inminencia de una segunda demanda ante tribunales internacionales es sólo cuestión de tiempo. Al menos desde La Paz se tiene toda la voluntad de esgrimir un caso judicial. Lo interesante de todo esto, es que quizás el tiempo que se demore en hacer pública la demanda en contra de Chile sea más corto del que se piensa, debido a que -a diferencia de la administración saliente de Alan García en Perú- Ollanta Humala ha reconocido "no ser un obstáculo" para la reivindicación marítima ya que "entiende" que la solución más probable, es dar una salida a Bolivia por el norte de Arica. Algo así no se manejó con tanto realismo durante la administración de García, lo que puede ser el resultado de que el anuncio de hacer pública la puesta en marcha de una nueva demanda ante tribunales internacionales por parte de Bolivia, no será necesariamente hasta que se dé solución al litigio marítimo entre Chile y Perú, puede ser perfectamente antes y de hecho, creemos que es el escenario más probable.
Así las cosas, habrá que mirar con atención cómo siga evolucionando este impasse, que ya arrastra una seguidilla de declaraciones de autoridades chilenas y bolivianas. Al menos así se ha (mal) entendido este problema, pero no olvidemos qué señales hay detrás de esas declaraciones. Eso debe ser observado con atención en la Cancillería chilena, ya que en la política internacional no solo importan los hechos, también las señales y percepciones que hay detrás.
